El adolescente de 17 años acusado de haber utilizado una piedra para robarle a un chico de 15, con la idea de llevarse su celular, finalmente recuperó la libertad. Sin embargo, permanece involucrado en la causa. Además, se le fijaron pautas de conducta. El violento hecho sucedió en la madrugada del sábado último en la zona sur de la ciudad. Alrededor de las 6 de la mañana, la víctima, un chico de 15 años, salió de una fiesta y decidió acompañar a un grupo de jóvenes del barrio San Ramón y a cinco amigas del barrio 107 viviendas. En una zona sin asfalto y poca luz fue atacado con una piedra por un sujeto que intentó robarle. Cuando se encontraba en el suelo, el adolescente infractor le exigió que le entregara su teléfono celular mientras le daba patadas en la espalda y en el abdomen. El chico que resultó víctima debió ser internado en el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón (HINEP), donde permanece internado.
La audiencia de control de garantías se desarrolló en el Tribunal Penal Juvenil. El martes, en la primera jornada, el fiscal de Instrucción de Tercera Nominación Javier Herrera destacó la violencia con la que este adolescente habría agredido a la víctima a los fines de robarle un teléfono celular. El representante del Ministerio Público Fiscal lo había imputado por el delito de “robo calificado por el uso de arma en grado de tentativa” y solicitó que el adolescente presunto infractor continuara privado de la libertad mientras el proceso permaneciera en curso. Herrera alegó, entre otras cuestiones, que el adolescente acusado es vecino del adolescente víctima, lo que pone en riesgo el proceso judicial. Sin embargo, la defensora penal oficial de Quinta Nominación Mariana Vera se opuso al planteo. Para su defendido pidió la libertad o, en su defecto, una medida alternativa a la privación de la libertad. Fuentes consultadas por El Ancasti indicaron que el juez Penal Juvenil Rodrigo Morabito resolvió conceder la libertad al adolescente acusado, quien todavía continúa vinculado a la causa. Sin embargo, fijó pautas de conducta, entre ellas: inscribirse en la escuela –dado que no está escolarizado- en un plazo de 10 días; no mantener ningún tipo de comunicación –ni virtual, a través de redes sociales, ni por celular-, ni tampoco puede acercarse a la víctima en una distancia menor a 300 metros. En caso de incumplimiento, será apercibido, se advirtió.
Las mismas fuentes señalaron que el delito que se le imputó a este adolescente, “robo calificado por el uso de arma en grado de tentativa”, es excarcelable. En el contexto de la Ley Provincial 5.544 de Régimen Penal Juvenil, el artículo 59 establece que la imposición de sanciones privativas o restrictivas de la libertad tiene carácter excepcional y subsidiaria y está reservada exclusivamente para casos de delitos dolosos reprimidos con una pena cuyo máximo supere los 10 años de prisión.
Además, se enfatizó en que el adolescente presunto infractor ostenta el principio de inocencia, pese a que permanece imputado. Dado que se trata de un delito que se investiga en el marco del Régimen Penal Juvenil, el fiscal tiene un plazo de 90 días para investigar y, a más tardar en un año, vence el plazo procesal total de esta causa, con un veredicto. Debido al delito que se le imputó a este adolescente, podrían aplicarse como medida alternativa un debate abreviado.
La flamante Ley Provincial 5.544 pone en funcionamiento al Fuero Penal Juvenil. De esta manera, los jueces tienen cuatro competencias: Control de Garantías Constitucionales, Tribunal de Sentencia, Apelaciones y Ejecución Penal. La norma se sancionó en agosto pasado y entró en vigencia en enero de este año. El Fuero ya está funcionando y las causas comienzan a avanzar.
