Dado el alcance que registró el avance de la violencia contra la mujer como así también hacia niños, niñas y adolescentes, tanto a nivel nacional como provincial se sancionaron leyes para la concientización, promoción de derechos, protección, sanción y erradicación. Se consideró como política pública trabajar de manera coordinada entre los distintos poderes del Estado.
El ministro de la Corte de Justicia de Catamarca José Cáceres, en una entrevista con El Ancasti, consideró que la Justicia es uno de los frentes en la lucha contra esta problemática y que ésta, dada su envergadura, requiere de un presupuesto acorde. Actualmente, el Poder Judicial cuenta con presupuesto del 3 % en relación con el presupuesto provincial. Según Cáceres, Catamarca es la provincia con menor presupuesto: San Juan tiene un presupuesto del 3,3 %, San Luis del 3,6 %, Río Negro de más del 6 %, la provincia de Buenos Aires del 4,5 % y Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 5,3 %.
“La función de la Justicia, en relación con la violencia de género, es hacerla cesar inmediatamente y tratar de que llegue a sentencia. Otras competencias corresponden fundamentalmente al Poder Ejecutivo. En algunos lugares, como Buenos Aires, tienen un presupuesto. Cuando una mujer llega a un precinto, se comunican urgentemente con la Provincia y cuentan con un pequeño monto para comprar leche y pañales. Esto es cuestión de coordinación y no de mucho presupuesto. Es una problemática”, remarcó.
Para el ministro, resulta fundamental trabajar en red con todos los organismos del Estado, además de la informatización. Al mismo tiempo, remarcó que se requiere dar las facultades pertinentes para que la Policía sepa también que no solo el fiscal puede ordenar la detención en caso de flagrancia. “La Corte trabaja en un Protocolo de Violencia de Género. Por acordada de la Corte, los jueces de Paz pueden actuar en violencia de género; se puede hacer la denuncia y en casos de urgencia pueden ordenar la exclusión del hogar”, contó.
Cáceres señaló que “el problema de violencia de género va en aumento, con las denuncias”. A fin de dar respuesta, adelantó que habrá que analizar qué funciona mejor, si el botón antipánico o las pulseras. “La Policía –que depende del Poder Ejecutivo- no tiene esos elementos”, advirtió.
Además, destacó que las leyes protegen a la mujer y señaló que en casos de violencia de género no puede haber probation (suspensión del juicio a prueba) ni tampoco debate abreviado. Al respecto, hay precedentes. “Esto se está cumpliendo. El problema de desborde es por la cantidad de denuncias. Aumentó la violencia de género porque aumentó la cantidad de personas que se animan a denunciar. A veces, demoran los instrumentos porque no hay presupuestos, pero es una dinámica que siempre está presente en la Justicia y se trata de solucionar. Falta presupuesto para nombrar gente y para que los delegados puedan actuar en casos de urgencias”, aclaró.
Legislación
Actualmente en Catamarca está en vigencia la Ley 5.434 de Violencia familiar y de género y Creación del Fuero de Violencia Familiar. Sin embargo, el ministro advirtió que esta normativa “se creó copiando la Ley de otra provincia para un Juzgado de Violencia de Género. Todos los Juzgados de Familia están trabajando con violencia de género. Ese nuevo juzgado se creó sin presupuesto, por lo tanto no puede funcionar; también crea una estructura monstruosa, más grande que la que tiene todo el Poder Judicial. Es para una provincia enorme, que puede tener tres o cuatro Juzgados de Violencia de Género”.
El ministro remarcó que funcionan tres Juzgados de Familia y el 70 % de las causas que se tramitan es por violencia de género. Un juzgado con esta única competencia estaría saturado “de entrada” y estaría de turno permanentemente, señaló. “Lo que se pretende es que haya dos Juzgados de Violencia de Género y dos de Familia. La Corte trabaja para sacar la competencia de Violencia de Género a dos Juzgados y dárselo a los otros dos para que haya un equilibrio. También queremos trabajar con los institutos que tenemos; es necesario dotar de más personal y de medios para hacer el seguimiento del problema. Si se hace una exclusión de hogar o una prohibición de seguimiento, si no se sigue, se complica pero todo ello implica un presupuesto que en estos momentos no tiene la Corte de Justicia de Catamarca, que es mínimo”, insistió.
Además, reconoció que la Unidad Judicial Especializada de Violencia Familiar y de Género “cierra porque no tiene personal. No se nombra porque el presupuesto no nos da. En estos casos, hay que trabajar con rapidez”, indicó.
Asuntos aún pendientes
En abril de 2015, entró en vigencia la Ley Provincial de Violencia Familiar y de Género.
El artículo 10 establece la creación del Equipo Interdisciplinario de Atención en Crisis a las Víctimas de Violencia Familiar y de Género.
El artículo 11 estipula la creación del Programa Provincial para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género y Familiar y de Asistencia Integral a las Víctimas de Violencia Familiar y de Género.
El Ministerio de Desarrollo Social es la autoridad de aplicación de este Programa, que coordinará su accionar con la Secretaría de Salud Mental, la Dirección de Derechos Humanos, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia y/o los organismos que en el futuro lo reemplacen.
El artículo 68 faculta al Poder Ejecutivo Provincial a celebrar convenios con el Estado Nacional, Municipalidades, y organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro especializadas.
El artículo 69 faculta al Poder Ejecutivo provincial a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias, a fines de solventar las erogaciones que se demande.
El artículo 77 indica que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, elaborará un Protocolo de Actuación para la detección y atención de las víctimas de violencia familiar y de género, que será de aplicación obligatoria en todos los establecimientos educativos de la provincia, de gestión estatal o privada.
