El nuevo Código Procesal Penal Federal aprobado en el Congreso el 6 diciembre con el fin de agilizar las investigaciones de narcotráfico, corrupción y trata de personas, entre otros delitos, comenzó a regir tras su publicación en el Boletín Oficial. La nueva normativa, que introduce modificaciones a la ley 27.063, sancionada en 2014, está orientada a modernizar los mecanismos de persecución penal de los delitos federales a través de la incorporación de herramientas para la investigación de ilícitos complejos.
Entre ellos, se encuentran el narcotráfico, los hechos de corrupción, la trata de personas y el crimen organizado. “El flamante código incorpora las leyes de Flagrancia, del Colaborador Eficaz, de Técnicas Especiales de Investigación, de Responsabilidad Penal Empresaria y de Ejecución de la Pena, sancionadas en los últimos años”, recordó el Ministerio de Justicia en un comunicado de prensa.
También instaura el sistema acusatorio, que se caracteriza por una distinción de tareas que asegura un proceso más equilibrado y diferencia claramente la función de conducir la investigación (a cargo del fiscal) de la función de juzgar (responsabilidad del juez), por lo que los fiscales asumen un rol preponderante. La implementación de la nueva norma comenzará en Salta y Jujuy a mediados de mayo, para seguir luego con las jurisdicciones del sur y finalmente las del centro del país.
El Ministerio de Justicia y el Consejo de la Magistratura brindaron capacitaciones, tanto en litigación como en investigación, a jueces, fiscales y funcionarios judiciales, mientras que la Defensoría General capacitó a defensores oficiales y secretarios letrados. Además, la cartera que conduce Germán Garavano aportó también el financiamiento para equipar los laboratorios científicos provinciales. "Se capacitó a unos 450 integrantes de las fuerzas de seguridad desplegadas en el norte del país y simultáneamente se dictaron talleres en academias de formación de oficiales de la Ciudad de Buenos Aires. “Aplicar este nuevo código permite lograr procesos más rápidos, sencillos y transparentes e investigaciones eficaces para el juzgamiento de los delitos y la protección de los intereses de la sociedad, poniendo a la víctima en el centro del proceso”, señaló el ministro Garavano tras la publicación del flamante código.
Entre sus principales objetivos esta lograr una mayor eficiencia y celeridad del proceso penal y tiende a proteger la garantía de los imputados a ser juzgados y a obtener un pronunciamiento definitivo en un plazo razonable. Por ello, se reemplaza la estructura altamente formalizada y escritural del procedimiento actual por una estructura desformalizada, basada en los principios de inmediación, oralidad, celeridad, publicidad, concentración y simplicidad. Se fomenta la realización de juicios orales y públicos por parte de los Tribunales Orales, que definan la responsabilidad penal del imputado en el hecho que se le atribuye.
Se fijan plazos de cumplimiento de las etapas procesales no solo para las partes -Fiscal, Defensa y Querella- sino también para los magistrados, quienes deben adoptar resoluciones y dictar sentencia dentro de determinados plazos, dando celeridad y dinamismo al proceso penal. Mejora la descripción de los delitos de narcotráfico, corrupción, terrorismo y prevé un aumento de las penas para estas conductas. Moderniza el instituto del decomiso, herramienta fundamental para el recupero por parte del Estado de los bienes provenientes de la criminalidad organizada. El texto incorpora una docena de leyes aprobadas desde 2015 por el Congreso entre las que se encuentran las de flagrancia, del arrepentido, de responsabilidad penal empresaria y la ley de técnicas especiales de investigación, que incorpora las figuras del informante y del agente encubierto, entre otras. n
