CUANDO LOS DAMNIFICADOS NO QUIERAN ACEPTARLO

El dinero de las probations podrá tener un bien social

La Cámara Penal de Tercera Nominación tomó la decisión este año. El Hospital de Niños, uno de los destinos.
domingo, 8 de diciembre de 2019 · 02:03

Con la idea de realizar una buena acción social, este año la Cámara Penal de Tercera Nominación aportó su granito de arena. Como prueba piloto se decidió que el resarcimiento económico de la suspensión de juicio a prueba –conocida como probation- que no sea aceptado por los damnificados será entregado a una institución de bien público.

Fuentes consultadas por El Ancasti explicaron que el dinero que se ofrece en las probations es una “reparación civil”. Si el damnificado no quiere aceptarlo, no es un obstáculo para que el acusado no pueda acceder a este beneficio. En este sentido, se indicó que el damnificado tiene la vía civil para reclamar.

No obstante, habida cuenta de que otra condición para alcanzar la probation es realizar trabajo comunitario, se pensó en la posibilidad de destinar el dinero del resarcimiento económico para ayudar a una institución de bien público. El Hospital de Niños Eva Perón (HINEP) es uno de los establecimientos que se benefician con esta medida. Otras instituciones también solicitaron la colaboración.

En promedio, por mes se realizan entre cuatro y cinco audiencias de suspensión de juicio a prueba. Por lo general, los acusados suelen ofrecen un monto de entre $500 y $1.000. En ocasiones, los damnificados no están de acuerdo y rechazan el ofrecimiento y, en otros casos, suelen perdonar a los acusados.

“Este año se tomó esta decisión. Fue una muy buena experiencia. Es un monto que siempre es muy bien recibido”, comentaron desde este Tribunal.

La Cámara Penal de Tercera Nominación está integrada por los jueces Jorge Palacios, Patricia Olmi y Marcelo Soria; Carlos Robledo es el secretario. Miguel Mauvecín es el fiscal de esta Cámara. Los empleados son Ivana Robledo, Maximiliano Lobo, Facundo Ramírez, Gonzalo Gordillo, Carlos Ross, Fabrizzio Baigorria, Dante Acevedo, Rodolfo Acevedo, Elvio Rearte y Sebastián Vega. 

Beneficio

La suspensión del juicio a prueba es un derecho que la ley acuerda a ciertos y determinados individuos que han sido acusados formalmente de haber cometido un delito o más que darían lugar a la condena condicional. La idea es que se suspenda el trámite del proceso para que el sospechado cumpla con ciertas pautas de conducta y, una vez cumplidas y transcurrido el plazo de suspensión, se resuelva su desvinculación definitiva. Es decir, queda absuelto. La suspensión del juicio a prueba no se puede conceder para todos los delitos, ni tampoco a todas las personas sospechadas de cometerlos y, además, se tienen que dar varios requisitos. Acusados de “delitos contra la administración pública”, de “delitos contra la integridad sexual” como así por delitos relacionados con la violencia de género, como “lesiones agravadas por el vínculo”, intentaron obtener este beneficio pero no se les concedió y se fijó audiencia para el debate oral.

El objetivo de la suspensión del juicio a prueba es como método de reeducación del acusado: un plan de conducta en libertad adaptando la respuesta del derecho penal a las circunstancias que rodean al hecho, las condiciones personales del imputado y a la posibilidad que brinde la comunidad o el sistema social.n

Ofreció $3.000 pero no le concedieron el beneficio

En otro orden, el viernes último, en la Cámara Penal de Tercera Nominación, un  hombre acusado por el delito de “robo agravado en poblado y en banda” había ofrecido $3.000 para obtener la suspensión del juicio a prueba. Además, se había comprometido a realizar trabajo comunitario en  un centro de salud. 

El hecho que lo llevó al banquillo de los acusados se registró en julio de 2017 en la Capital. El imputado estaba acompañado por dos personas más. Una de ellas se encuentra cumpliendo una condena por otro delito en Córdoba.

El imputado contó con el asesoramiento del abogado Ángel Marcelo Acevedo. 

Sin embargo, el fiscal de Cámara Miguel Mauvecín no dio su consentimiento. 

Fuentes consultadas por este diario indicaron que el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que la pena prevista para este tipo de delito estipula una condena efectiva. Para obtener la probation, se contempla la posibilidad del castigo en suspenso. En consecuencia, el juez Marcelo Soria resolvió no hacer lugar a lo solicitado por el acusado. Tras el rechazo, se deberá fijar fecha y hora para la audiencia de debate oral y público.

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