En el ámbito de la Cámara Penal de Segunda Nominación, un hombre llegó esposado y ocupó el banquillo de los acusados para responder por dos hechos de “abuso sexual con acceso carnal continuado”. Las víctimas son las hijas de su pareja, quienes al momento de los ultrajes tenían siete y 14 años.
Por tratarse de un delito de instancia privada, la audiencia se desarrolló a puertas cerradas; la identidad del imputado se reserva, a fin de proteger a las víctimas. No obstante fuentes consultadas por El Ancasti indicaron que el acusado, ante los jueces Luis Guillamondegui, Fabricio Gershani Quesada y Rodrigo Morabito, admitió su responsabilidad en los delitos que le habían sido endilgados. La denuncia se radicó en mayo del año pasado y el acusado fue privado de la libertad.
El fiscal de Cámara Gustavo Bergesio mantuvo la acusación y pidió una pena de 10 años. A su turno, la asesora de Menores Daniela Faerman Cano solicitó la intervención del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Por su parte, Nolasco Contreras, defensor penal oficial de Primera Nominación, pese a la confesión del imputado, pidió un castigo menor al solicitado por el fiscal Bergesio.
Tras un cuarto intermedio, los magistrados dieron a conocer el veredicto. Por unanimidad, fue hallado culpable de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal continuado” y “abuso sexual agravado por el aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima”. En consecuencia, fue condenado a la pena de nueve años y 10 meses de prisión. Una vez conocido el veredicto, el acusado regresó al Servicio Penitenciario Provincial, en la localidad de Miraflores, Capayán.
El abuso sexual en la infancia (ASI) en la mayoría de los casos suele ser intrafamiliar. Especialistas en la materia advirtieron que, de acuerdo con datos estadísticos, “hablamos de abuso sexual infantil cuando una persona, por lo general adulto, utiliza la seducción, el chantaje, las amenazas, la manipulación psicológica o la fuerza para involucrar a un niño, niña o adolescente en actividades sexuales de cualquier índole”. El abuso sexual puede ser cometido por el padre, abuelo, hermano, tío, sobrino, hermanastros (intrafamiliar) o por alguien que no comparte el hogar ni la familia (extrafamiliar).
Dada esta situación, se consideró que resulta necesario e importante trabajar en la concientización de que, en cualquiera de sus formas, el abuso sexual es siempre un delito que debe ser denunciado, por eso quien habiendo tomado conocimiento de un caso no actúa se convierte en cómplice.
El ASI posee mitos arraigados en costumbres culturales que es importante empezar a dejar de lado, se aclaró. “Ocurre en familias desestructuradas o de bajo nivel sociocultural”: éste es un mito con cierto tono de una gran mentira social. “Hay abusadores sexuales en todas las estructuras familiares y en todos los niveles culturales”, se aseguró. Los niños no pueden inventar algo que nunca conocieron: la sexualidad adulta.
Probation
En otro orden, se informó que en la Cámara Penal de Primera Nominación se concretó una audiencia de suspensión de juicio a prueba –beneficio también conocido como probation-. Ésta fue presidida por el juez Carlos Moreno. El acusado debía responder por el delito de “robo”. En abril del año pasado le había arrebatado la billetera a una joven. Para obtener el beneficio ofreció $500. Dado que no tenía antecedentes, el magistrado concedió la probation.
De acuerdo con la agenda judicial, hoy en la Cámara Penal de Tercera Nominación los jueces Jorge Palacios, Patricia Olmi y Marcelo Soria darán a conocer el veredicto para el tío acusado por los delitos de “abuso sexual simple agravado por resultar en grave daño en la salud mental de la víctima” y “abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por resultar en grave daño en la salud mental de la víctima”. En la escuela donde asiste la adolescente advirtieron sobre lo que había sucedido y desde allí se impulsó la denuncia penal correspondiente. Desde entonces, el acusado se encuentra privado de la libertad en el Servicio Penitenciario Provincial, en Miraflores, Capayán. Tales hechos habrían ocurrido entre 2015 y 2016 en la Capital cuando la víctima tenía 11 años. No obstante, la denuncia se radicó en noviembre del año pasado. El fiscal Mauvecín mantuvo la acusación y solicitó una pena de ocho años de prisión. Los defensores Sebastián Ibáñez y Bruno Jerez solicitaron para su cliente la absolución.
