En el ámbito de la Cámara Penal de Tercera Nominación, en una jornada, se desarrolló un debate por un abuso sexual en la infancia (ASI) intrafamiliar. Fuentes consultadas por El Ancasti indicaron que el acusado debió responder por el delito de “abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por el vínculo y la convivencia preexistente con la víctima menor de 18 años”. Por tratarse de un delito de instancia privada, la audiencia se desarrolló a puertas cerradas. No obstante, fuentes consultadas por El Ancasti informaron que el imputado es el padre (42) de la víctima, una chica que al momento de los ultrajes tenía 13 años. Según se precisó, los abusos se registraron entre agosto de 2018 y marzo de este año. La mamá de la adolescente –pareja del acusado- descubrió el ultraje y lo denunció.
En la audiencia de ayer, el acusado reconoció el hecho y pidió perdón. Tras la confesión, se desistió de los testigos y se pasó a la instancia de alegatos. El fiscal de Cámara Miguel Mauvecín, dado el testimonio del imputado, solicitó una pena de nueve años de prisión. A su turno, la asesora de Menores Gabriela Velázquez adhirió a lo solicitado por su par del Ministerio Público Fiscal. En tanto que el abogado Jorge Eduardo Avellaneda, en representación de la querella y de acción civil, solicitó el pago de $800.000 en concepto de daño moral. A su turno, los abogados defensores Gustavo Rentín Villegas y Luis Raúl Muñoz y Pérez manifestaron su acuerdo con la pena peticionada por el fiscal, dada la confesión de su cliente.
Luego de un breve cuarto intermedio, los jueces Jorge Palacios, Patricia Olmi y Marcelo Soria, por unanimidad, hallaron al padre culpable del delito por el que venía incriminado. En consecuencia, lo condenaron a nueve años de prisión, conforme lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal. Al mismo tiempo, hizo lugar al pedido de la acción civil y dispuso el pago de $800.000 en concepto de daño moral.
Números fríos En materia penal, hasta mediados de noviembre de este año, se realizaron alrededor de 22 debates por delitos contra la integridad sexual. En poco más de la mitad de los casos, los agresores sexuales son padres, padrastros, tíos o hermanos. Por cerca, le siguen conocidos y allegados a la familia. En un mínimo porcentaje, los agresores son personas desconocidas, sin ningún vínculo o apenas vecinos.
En un gran porcentaje, las víctimas son niñas, de entre siete y 12 años. Por lo general, los ultrajes se prolongaron en el tiempo y fueron descubiertos cuando, ya de adolescentes, perdieron el miedo y se animaron a denunciar. En cuanto a imputaciones, sobresale el “abuso sexual con acceso carnal” y el “gravemente ultrajante”, en ocasiones, “agravado” por distintas circunstancias, tales como “el vínculo”, “la convivencia”, “por resultar en grave daño en la salud mental de la víctima” o “el aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima”.
Las penas oscilan entre los siete y los 10 años de prisión. Este año, una de las penas más altas fue de 12 años. El ASI es una problemática que no solo vulnera a niños, niñas y adolescentes sino que además rompe a las familias. Por ello, el silencio siempre juega en contra. Los especialistas advierten que, en ocasiones, “el costo de decir puede ser más elevado que el costo de callar”. “Por lo general, el abuso sexual es mayormente intrafamiliar, por lo cual hay otros intereses creados. A veces lo económico también es un punto donde, metafóricamente, se sacrificaría a ese miembro, supuesta víctima del delito de abuso, para evitar que ese dador económico y supuesto abusador, como podría ser un padre, vaya a la cárcel y, por lo tanto, el resto de la familia se quede sin el sostén económico”, advirtieron.
