EN EL JUZGADO CORRECCIONAL DE PRIMERA NOMINACIÓN

Abogado defensor no se presentó y debió suspenderse el debate

Ariel Sosa debe responder por un siniestro vial en el que fallecieron Georgina García y Micaela Toloza.
jueves, 21 de noviembre de 2019 · 02:06

En el inicio de 2015, una tragedia enlutó a dos familias. Micaela Toloza y Georgina Toloza, dos jóvenes de 19 años, fallecieron en un siniestro vial. Ambas amigas iban de acompañantes en un automóvil Ford Focus, conducido por Ariel Sosa (38). Sucedió en la ruta provincial Nº 1, a unos 100 metros del ingreso a Banda de Varela, en cercanías del conocido local bailable Muana. También lo acompañaba un muchacho.

De acuerdo con la investigación, la fatalidad ocurrió alrededor de las 6.30 de la mañana del 4 de enero de 2015. Sosa conducía su vehículo, acompañado por un amigo, Micaela y Georgina. Sin embargo, debido a la excesiva velocidad a la que conducía el rodado, el conductor perdió el dominio, salió de la calzada, impactó contra una lomada del lado oeste, dio un tumbo y quedó sobre la calzada. A causa del impacto, Micaela murió en el acto a raíz de un "traumatismo encéfalo craneal severo" y "aplastamiento de tórax". Georgina sufrió “traumatismo cráneo facial grave con diversas fracturas” y fue hospitalizada pero falleció 48 horas después.

En tanto que el joven sufrió lesiones leves. Sosa quedó detenido en el acto y al momento de ser indagado manifestó que no había tomado bebidas alcohólicas y que circulaba a "velocidad normal" y que antes del accidente "sintió como una explosión".
La causa fue investigada en un primer momento por el entonces fiscal Sebastián Lípari y luego el fiscal Juan Pablo Morales continuó la investigación. El conductor fue imputado por el delito de "homicidio culposo doblemente agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y por el número de víctimas fatales y lesiones culposas", todo en concurso ideal. De acuerdo con la pericia toxicológica, el conductor no tenía alcohol en su sangre pero sí se detectaron restos de cocaína y marihuana en su organismo.

El caso tuvo una importante repercusión y motivó que Sosa estuviera privado de la libertad durante varias semanas por temor a represalias. Días después de la muerte de las jóvenes amigas, hubo una seguidilla de atentados contra la pizzería que era propiedad del imputado.
En julio de 2016, la causa fue elevada a juicio y el expediente fue girado al Juzgado Correccional de Primera Nominación.

Suspendido
Estaba previsto que ayer se iniciara el debate. Sosa es defendido por el abogado del foro local Luciano Rojas pero el letrado no se presentó. Ante su ausencia, la audiencia debió suspenderse. Ahora, el Tribunal deberá fijar una nueva fecha para dar inicio al debate.

“Al Juzgado no le quedó otra salida más que suspender el debate. Hace 20 días se notificó a las partes sobre el inicio del debate. El imputado no se presentó a tiempo y el abogado defensor no justificó la inasistencia de la manera adecuada”, indicó Arturo Herrera Basualdo, abogado de la querella.

Además, detalló que todas las partes se notificaron el 30 de octubre pasado. Según el querellante, no hay ningún motivo de suspensión que se haya presentado por escrito en el Juzgado. “Tengo entendido que el abogado de la defensa se comunicó telefónicamente para informar que está fuera del país. No hay ninguna constancia de ello en el expediente. Se podría pensar que es una estrategia dilatoria para que no se haga el debate y transcurra el tiempo”, expresó.

Dada la situación, el abogado adelantó que se insistirá en una nueva fecha de debate, a la brevedad, en lo posible para que se desarrolle en el transcurso de este año. También comentó que analizará con sus clientes sobre algún pedido de sanción contra el abogado de la defensa, ante una eventual falta.

“No sé si le corresponderá a nuestra parte. Bregamos para que en el menor tiempo posible se establezca una nueva fecha de debate o que el imputado designe un nuevo abogado o sea asistido por un defensor oficial. Si el acusado no comparece con asistencia letrada, el Tribunal designará un defensor oficial.

Los familiares están como cualquier padre que pierde a sus hijos. Peregrinaron tantos años por los estrados judiciales, tanto civiles como penales y una vez que se fija un debate, de manera irrespetuosa, tanto para el Juzgado como para los familiares no se presenta en el debido tiempo y forma. Están muy dolidos y acongojados, muy preocupados. Es lógico que estén así”, consideró el abogado Herrera Basualdo.

Secuelas de una tragedia

El 22 de marzo de este año, Raúl Nemecio “El Negro” García fue condenado por la Cámara Penal de Primera Nominación a la pena de ocho años de prisión por la muerte de Mario Oscar “Tatú” Robledo. Ocurrió el 2 de abril de 2017 en la vereda del Casino de la esquina de Esquiú y Ayacucho.

García y Robledo se conocían y entre ellos hubo diferencias. Horas previas al crimen, “El Negro” había amenazado a “Tatu”, quería que le devolviera una moto que tenía un valor sentimental muy especial. 
García reconoció que había comprado el arma cuando murió su hija, Georgina García y contó que después de esta pérdida no se festejaron las fiestas y que se separó de su compañera aunque tenían buena relación. Luego, hubo diferencias con Robledo y su mujer. “El Negro” acusó a “Tatú” de haber robado la moto que había sido de su hija fallecida; después lo acusó por el robo de otra moto. En los fundamentos de la sentencia, se destacó el testimonio de Marta del Valle Esteinou, una perito oficial que había tratado a García en 2015, cuando falleció su hija en un siniestro vial. La profesional destacó que el hombre se encontraba en una situación “postraumática, con todas las características de un traumatismo; él quedó en una situación de vulnerabilidad”.

“Cuando ella muere, García sacaba la moto, la lustraba y cuidaba para que no se arruine porque para él la moto era Georgina; perdía la noción entre la moto y Georgina. Un día se la roban y eso fue un impacto tan devastador, tanto que no puedo sostener esa pérdida”, explicó. Para el Tribunal, “el dolor fue determinante para que suceda esto”. También se puntualizó que “la invocación de una reacción emotiva no solo debe sustentarse en la mera subjetividad de su productor, sino que debe verse avalada por circunstancias objetivas e independientes que ameriten su credibilidad”.

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