El jury contra el juez de Paz de Bañado de Ovanta, Santa Rosa, Ariel Guillermo Gómez, continúa su trámite. Fuentes consultadas por El Ancasti informaron que la reunión se desarrolló en el Salón San Martín de la Corte de Justicia. El tribunal está integrado por los ministros Miguel Figueroa Vicario, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, junto con los jueces de Cámara Carlos Moreno y Patricia Olmi. El fiscal del jury es el fiscal del Juzgado Correccional de Primera Nominación, Alejandro Dalla Lasta. En tanto que la defensa es ejercida por los abogados Javier Silva y Daniel Ortega.
Según se indicó, Gómez fue acusado de haber intentado desalojar la casa que habita una mujer con sus hijos sin la debida orden judicial y de no registrar adecuadamente distintos trámites que se realizan en el Juzgado de Paz a su cargo. El hecho data de abril de 2017. El magistrado negó las acusaciones. Según declaró, había ido a la casa de la mujer a notificarla de una audiencia por alimentos que se realizaría al otro día en el Juzgado.
En esta reunión se tomó declaración a un grupo de testigos. Se precisó que se presentaron empleados del Juzgado y demás testigos. Sin embargo, la denunciante, testigo principal en la causa, no se presentó, pese a haber sido debidamente notificada para dar su testimonio. No obstante, el fiscal Dalla Lasta insistió con su comparendo y el tribunal hizo lugar a su solicitud. La audiencia pasó a un cuarto intermedio. Se prevé que se reanudará el jueves de la semana próxima, con la presencia de más testigos y de la denunciante.
Gómez asumió como juez de Paz de Bañado de Ovanta a finales de 2011, luego de haber sido nombrado. Anteriormente, se había desempeñado como delegado del Ministerio de Desarrollo Social en el departamento Santa Rosa. Su llegada a la magistratura local no fue bien recibida por los vecinos. Entonces, la comunidad de Bañado de Ovanta había manifestado su malestar. Se aseguró que Gómez "tiene varias causas judiciales. Entre ellas, en 1997, fue procesado por fraude al ex IPPS; en 2003 estuvo preso diez días y procesado por robo de dos transformadores en El Bajo, un pueblo rural de Santa Rosa; entre otros hechos, como el de desfalco de fondos del POSOCO destinados a más de 100 erradicaciones de ranchos, que nunca se construyeron por lo cual fue denunciado y salió sobreseído".
Con tales antecedentes, cientos de lugareños se habían reunido para tratar de evitar este nombramiento. En aquella oportunidad, se presentó una solicitud de impugnación. Para ello, se argumentó alguno de los hechos penales antes mencionados que posee esta persona. A su vez, los pobladores habían decido realizar una toma del Juzgado con corte de ruta y manifestarse ante la Corte de Justicia.
"Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencia. Queremos una persona idónea en el Juzgado. No queremos ni que un gobernador, ni un intendente, ni nadie con poder político ponga a dedo a cualquier persona que no reúna los requisitos para ocupar un cargo de esta naturaleza", habían expresado los vecinos.
Proceso
El ‘jury de enjuiciamiento’ es el tribunal creado para enjuiciar a los miembros del Poder Judicial acusados por el mal desempeño de sus funciones, sin perjuicio de otro tipo de responsabilidades que pudieran atribuírseles. Su composición varía según las diversas legislaciones pero en general está constituido por miembros de la judicatura y del foro.
