Las 29 personas que trabajaban en una ladrillera de la provincia de Córdoba, cuyo dueño fue condenado a ocho años de prisión por trata de personas, recibirán salarios por el tiempo que fueron explotadas laboralmente. Se trata de una reparación económica equivalente a la multiplicación del salario mínimo vital y móvil por el tiempo que las víctimas fueron explotadas sin acceso a una registración ni derecho a enfermarse, a la obra social, a vacaciones ni a ningún reclamo.
Según la investigación realizada, se determinó que las víctimas trabajaban a destajo durante largas jornadas laborales; con salarios fluctuantes y escasos; y viviendo en el mismo predio y en condiciones precarias.
Según publicó el portal Fiscales.gob.ar, para la jueza de Cámara María Noel Costa, que condenó al dueño de la ladrillera, se afectaron la dignidad y la libertad de las personas, aun de aquellas que al momento de declarar en el debate no se reconocieron víctimas del sistema de explotación laboral que reinaba en el campo. "El abuso de la situación de vulnerabilidad los colocó en la situación de servidumbre", señaló la jueza.
