La sala de audiencias de la Cámara Penal de Segunda Nominación estaba ocupada por familiares de víctimas y acusados. Había expectativa y un importante operativo de seguridad para evitar incidentes, como los que se habían registrado en las dos primeras jornadas, la semana pasada. Gabriel y Ángel Ponce llegaron por sus medios y se sentaron en el banquillo de los acusados. Los hermanos están imputados por el delito de “homicidio preterintencional” y llegaron a debate en libertad.
En esta tercera audiencia, las partes formularon sus alegatos. Previamente, Gabriel, como lo había adelantado en su momento su abogado defensor, solicitó la palabra y dio su versión de lo ocurrido la madrugada del 18 de abril, cuando Gastón Castro falleció en la puerta de su casa, luego del intento de robo (ver página 11).
El fiscal Gustavo Bergesio dijo que hubo una tentativa o robo consumado –este hecho no se cuestionó- en la casa de la familia Ponce, pero advirtió que los acusados no estaban defendiendo su vida ni sus bienes, que en ambos casos no estaban en peligro. Para Bergesio, con esta actitud, “subrogaron a la Policía, tomaron en sus manos las facultades del Estado”.
El fiscal resaltó que por parte de los hermanos imputados hubo intención de causar daño, una reprimenda, una venganza o una devolución por el intento de robo o robo consumado. “Sin ánimos de matar pero sí de causar daño, dispararon, sin derecho y sin necesidad. Producen un daño que causó una muerte. Usaron un elemento que no debió causar ese daño pero sí herir”, precisó.
En relación con el castigo, aclaró que la condena no es para lastimar ni para garantizar mayor seguridad con los delincuentes tras las rejas. “Es para resocializar”, advirtió. Por ello, en mayo, cuando los hermanos Ponce habían solicitado la suspensión del juicio a prueba, la ‘probation’, el fiscal se opuso. Consideró que se trataba de “una salida rápida, sin dejar una enseñanza a la sociedad y a los imputados. Puedo asegurar que aprendieron la lección. No se puede salir por la calle a detener personas”. A favor de los acusados, destacó que ambos no tienen antecedentes, que llamaron a la Policía y que siempre estuvieron a derecho, con predisposición para colaborar.
“No podemos tomar la justicia por nuestras manos por más que la Policía no llegue o los fiscales nos demoremos. No podemos subrogar a la Justicia. Convertiríamos la sociedad en un pandemonio. No se puede permitir la justicia por mano propia”, manifestó.
Con estas palabras, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo la acusación para ambos hermanos pero pidió, en parte, penas distintas. Para Gabriel pidió una pena de tres años y para Ángel, una de dos años y 10 meses. Para los dos, que el castigo se cumpla de manera efectiva y de inmediato, con el traslado al Servicio Penitenciario. Este pedido se basó en evitar posibles disturbios, como ya se registraron. “Para el resguardo de los Ponce es mejor que estén tras las rejas, por lo que pasó durante las audiencias (anteriores). Me preocupa que haya una escalada de violencia”, concluyó.
A su turno, el abogado defensor Fernando Contreras consideró que se trató de un hecho particular y valoró la confesión de su defendido Gabriel. Resaltó que Ángel no llevaba el arma ni efectuó el disparo.
Al mismo tiempo, puso énfasis en que la familia Ponce era víctima de un delito contra la propiedad, cometido por Castro y otros dos adolescentes más. “Quedó acreditado que no hubo intención de matar ni de herir. El robo existió. Castro atentó contra el automotor de Ponce. Lejos de justificar la justicia por mano propia, esto fue una desgracia, un accidente, un hecho desafortunado”, consideró.
El defensor se puso de pie y detalló la posible posición que pudo haber tenido Gabriel Ponce al momento del disparo. Contreras advirtió que si su pupilo hubiera estado de pie, apuntando con el arma, por la altura de él y la de la víctima, el impacto hubiese sido en el tercio superior. Castro tenía un disparo entre la octava y la novena costilla derecha.
Resaltó que por la primera imputación, los hermanos Ponce estuvieron privados de la libertad siete meses y 12 días y pidió una pena en suspenso y, en su defecto, que sea efectiva una vez que la sentencia quede firme.
El debate pasó a un cuarto intermedio para hoy. Luego de que los acusados decidan o no expresar su última palabra, los jueces Jorge Álvarez Morales, Rodolfo Bustamante y Luis Guillamondegui darán a conocer el veredicto.
