Pasó una semana luego de que el Tribunal Oral Federal (TOF) diera a conocer la condena para la banda que comercializaba estupefacientes y que estaba liderada por un ex empleado judicial. Ayer los cinco condenados se presentaron ante el TOF, acompañados por sus abogados, para interiorizarse sobre los fundamentos de la condena, que oscila entre tres y siete años de prisión.
Los jueces Juan Carlos Reynaga, Raúl Adolfo Guzmán y José Camilo Quiroga Uriburu consideraron que los imputados estaban “organizados en un plan común para luego comercializar a terceras personas”, remarcaron. Luis Fernando Jalil, el líder del grupo, fue condenado, por unanimidad, a la pena de siete años de prisión; Antonio Chapier, Ezequiel Medina y Víctor Hugo Romero fueron condenados a seis años y Carlos Alberto Orquera, quien había llegado a juicio también en calidad de coautor, fue sentenciado a tres años de prisión al considerarlo como “partícipe secundario”. Todos estaban acusados por "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada". Un sexto imputado, Nelson González, fue absuelto por el beneficio de la duda.
El 19 de marzo de 2016 en una casa de Jalil, tras un allanamiento, encontraron 4 kilos de marihuana. Rafael Vehils Ruiz, representante del Ministerio Público Fiscal, señaló que Jalil tenía contactos en Tucumán y Córdoba. "Se trata de una organización interjurisdiccional", expresó. "No fueron a comprar nada. Fueron a entregar droga al por mayor, a distribuirla. Decían que le habían comprado cocaína (a Jalil) pero éste solo tenía 82 pesos", sostuvo en su alegato.
Para los magistrados federales, surge evidente la relación con carácter delictual que detentaban los procesados Orquera, Chapier, Medina, Romero y Jalil. A la vez, consideraron que resulta claro el hecho de que todos ellos tenían pleno conocimiento de la sustancia ilícita que organizados poseían de manera conjunta en el domicilio allanado del imputado Jalil. Luego se concretaba la venta a sus clientes, de acuerdo con los trabajos de investigación realizados.
“Todos los dichos vertidos por los imputados tienden a descalificar la existencia del hecho o modificarlas con el solo fin de deslindar su responsabilidad penal, carecen de sentido confrontado con todo el material analizado y cotejado. La prueba de cargo es relevante y deja ver que todos los procesados, a excepción de González, tenían pleno conocimiento del material estupefaciente, que bajo plan común traían los procesados a esta provincia, la guardaban en la casa de propiedad de Jalil para luego ser dividida entre los imputados y ser comercializadas a terceras personas. Todo esto fue probado. Se demostró plenamente que todos y cada uno de los procesados, a excepción de González, estaban relacionados entre sí para detentar droga en su poder con el ulterior fin de comercializarla”, detallaron.
También asentaron que en el marco del allanamiento secuestraron en el dormitorio donde pernoctaba Jalil y su pareja, semillas de marihuana envueltas en una bolsa de nailon y de la mesa de luz de la habitación se secuestró una bolsa de nailon que contenía tres gramos de marihuana.
