El femicidio deja otras víctimas: los niños que quedan huérfanos, sin una madre que viva para cuidarlos y un padre –en la mayoría de los casos- que debe cumplir una condena a prisión perpetua. Días pasados, Miguel Ángel Rodríguez fue condenado por la Cámara Penal de Segunda Nominación a la pena de prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Olima, su ex pareja y madre de sus cinco hijos, tres de ellos menores, en mayo del año pasado en Londres, departamento Belén.
En su alegato, su codefensor Mario Nieva había advertido sobre la actual situación de los hijos más pequeños de la pareja, de 13 y siete años. “Después de este hecho trágico, los niños quedaron sin el padre y sin la madre. En una decisión desatinada de la Subsecretaría de Acción Social de la Municipalidad de Belén, se decidió en contradicción con lo que marca la ley, la tendencia y la doctrina, sacarlos de su centro de vida para llevarlos a Tinogasta. Hasta hoy, la Subsecretaría de Familia no hizo nada; no tomó intervención. Se hicieron presentaciones en Belén por Tomás Rodríguez –tío de los niños- solicitando la guarda. Hoy los chicos no tienen contacto ni saben de la situación y están separados de la convivencia entre hermanos. Pido que en la resolución se solicite la intervención efectiva de la Subsecretaría de Familia”, había remarcado.
El viernes pasado, el abogado Nieva, acompañado por su colega Germán Quinteros presentaron en la Corte de Justicia de Catamarca un amparo por los chicos de 15, 13 y 7 años que quedaron huérfanos por este femicidio. Quinteros comentó que en enero de 2018 se efectuaron dos presentaciones por esta situación en la Subsecretaría de Familia, organismo que tiene a su cargo el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, pero, dada la falta de una respuesta, decidieron continuar su reclama por la vía judicial ante el máximo tribunal de justicia catamarqueño. De esta manera, presentaron una acción de amparo por mora de la administración en contra de la Subsecretaría de Familia.
El propósito es que se intime al organismo para que en plazo perentorio y urgente dé una respuesta a lo solicitado a principio de año por “la cruda situación de riesgo como de vulnerabilidad de sus hermanitos, quienes han sido apartados de su familia por intervención de la Subsecretaría incoada, colocándolos a cargo de personas que, amén de no tener recursos económicos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, pisoteándose gravemente sus derechos, en fiel contracara a lo nombrado por la Convención de los Derechos del Niño como así también a lo prescripto por normativa nacional como provincial”.
Quinteros comentó que los hermanos están separados, incluso alejados de su centro de vida. Los mayores quedaron en Belén; el adolescente de 15 años vive con unos familiares en la sureña provincia de Santa Cruz y los más pequeños de 13 y 7 años, si bien en un principio fueron a vivir con sus familiares maternos en Tinogasta, en diciembre, cuando volvieron para pasar Navidad con sus hermanos, la adolescente manifestó no querer volver y se quedó con su tío paterno. Desde entonces, los hermanos que quedaron en Londres no tienen contacto con su hermanito de siete años, que está en Tinogasta. “Están incomunicados con el más pequeño”, remarcó el abogado.
