Una mujer de apellido Fernández había sido beneficiada, en una oportunidad, con la suspensión del juicio a prueba, más conocida como ‘probation’. Para ello debía pagar $300, entre otras pautas de conducta. Sin embargo, la mujer no cumplió con la ‘probation’.
Fuentes consultadas por El Ancasti informaron que aquélla reconoció su falta y explicó el motivo. Según contó en la Cámara Penal de Segunda Nominación, se encontró en una encrucijada: pagar la indemnización de $300 o darle de comer a su familia. La mujer aseguró que no pudo reunir el dinero pactado, por lo que se vio interrumpido este beneficio.
Dada esta situación, debió realizarse el delito por el que había estado imputada, “hurto simple”. Patrocinada por el abogado defensor Víctor García, la mujer reconoció haber participado en el hecho que se le endilgó. El fiscal Gustavo Bergesio pidió una pena de dos meses. El juez Luis Guillamondegui dispuso una pena mínima: un mes.
La probation contribuye a una respuesta más humana en la justicia penal, ya que tiende a evitar las consecuencias negativas del encarcelamiento, como así también desde un punto de vista práctico impedir que llegue la sentencia en procesos de poca importancia en política criminal ahorrando recursos materiales y humanos, con la gran ventaja de que se producen importantes reducciones de costos al Estado. El elemento esencial de la suspensión del juicio a prueba es como método de reeducación del delincuente: un plan de conducta en libertad adaptando la respuesta del derecho penal a las circunstancias que rodean al hecho, las condiciones personales del imputado y a la posibilidad que brinde la comunidad o el sistema social.
Encubrimiento
En otro orden, en la misma Cámara, el juez Jorge Álvarez Morales presidió otro debate, esta vez por “encubrimiento”. El acusado, de apellido Leiva, contaba con el patrocinio de los abogados defensores Pablo Vera Aráoz y Silvia Barrientos. Según trascendió, en 2016 Leiva había vendido elementos que habían sido obtenidos de manera dudosa. El fiscal Bergesio pidió una pena de un año y seis meses de prisión. De acuerdo con el veredicto, el juez falló a favor de lo solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal.
