La fiscal de Instrucción N°8, Miriam López, y el juez de Control de Garantías Nº2, José Antonio Carma, fueron denunciados ayer en Fiscalía General por Gustavo Valdez, propietario de un inmueble ubicado en pleno centro de la Ciudad, quien por instancias y orden de los letrados fue desalojado de su propiedad tras ser considerado un usurpador.
En diálogo con este diario, el abogado defensor del denunciante, Roberto Mazzucco, consideró que la fiscalía habría cometido un error al pedir el desalojo al juez, quien a su vez se habría equivocado al autorizarlo porque, "entre otras irregularidades, mi cliente ni siquiera fue imputado como usurpador y nunca hizo entrega de posesión del inmueble".
Informó que Valdez tomó un crédito con los hermanos Marcelo y Jorge Pereyra, y que en la ocasión firmó un recibo de compra venta por la casa en cuestión a modo de garantía, "que es nulo porque carece de las firmas de sus hermanos". Dijo que los Pereyra se adueñaron de la casa por la fuerza y que Valdez, al recuperarla, fue denunciado por sus acreedores como usurpador, a lo que hizo lugar la fiscal y el juez señalados. Además, indicó que nunca se hizo entrega de la posesión de la casa y que la semana próxima la defensa realizará las denuncias correspondientes ante la Secretaría Penal de la Corte de Justicia.
Se pudo conocer que la denuncia contra la fiscal y el juez fue realizada por considerar que habrían incurrido en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, prevaricato y tráfico de influencias, porque, según el denunciante, habría una estrecha amistad entre Carma y los prestamistas.
