Los procedimientos y actuaciones realizados tras el accidente que le costara la vida a tres personas ocurrido el 1 de marzo de 2017 en Belén deberán volver a realizarse. Es que la Cámara de Apelaciones hizo lugar a la nulidad planteada por la defensa de la imputada en el hecho, apelando la falta de notificaciones de las actuaciones, pericias y pasos procesales realizados en la causa.
En ese contexto y según lo indica el auto interlocutorio emitido por la Cámara de Apelaciones el 25 de mayo pasado y al que El Ancasti tuvo acceso, se ordena realizar nuevamente “el decreto de determinación de los hechos, la declaración del imputado y su ampliación, el requerimiento de citación a juicio y además adquirir los elementos probatorios faltantes, como es la declaración testimonial de los ciudadanos Calisto Vázquez y Lucio Cayo Guerra, mencionados en el acta inicial de actuaciones, ello en pos de permitir una completa y correcta administración de Justicia”.
El fatal accidente ocurrió entre las 6.40 y las 7 de la mañana del día y año mencionado en la ruta provincial N° 43, a la altura del Paraje Los Colorados, en inmediaciones de la localidad de Los Pozuelos, Belén. En un camioneta Fiat Strada roja, dominio OHT-817, circulaba Johana Paola Acosta (31) como conductora, junto a Rebeca Pachado de Acosta (50), Nora del Valle Bustamante (46), Nancy Ramona Pachado (29) y Osmar Edilberto Gutiérrez (25) en sentido sur/norte, y chocaron de frente con una motocicleta Honda Tornado 250 cc blanca, conducida por Pedro Guerra (36), a quien acompañaba Claudio Sabino Guerra (29).
Producto del violento choque fallecieron en forma instantánea Rebeca Pachado de Acosta, quien se desempeñaba como directora de la escuela de Corral Blanco y los dos ocupantes del rodado menor; de ellos, Claudio Guerra era el delegado municipal de Corral Blanco. En tanto los otros ocupantes de la camioneta fueron trasladados al Hospital de Belén con pronóstico reservado, entre ellos la hija de la fallecida, Johana Paola Acosta.
La defensa señala en su presentación que el 3 de marzo de 2017 se constituyó la defensa, "tomando participación y acreditando su representación, a fin de solicitar la designación inmediata de un perito, proponiendo a un ingeniero civil especializado en accidentes de tránsito, y en ese mismo acto se procedió a precisar puntos periciales". Sin embargo nunca fueron notificados de la pericia forense y accidentológica: operación autopsia, accidentológica, planimétrica, fotográfica y mecánica ordenadas por la entonces fiscal subrogante Analía Castro de Mazzucco. Puntualmente la defensa expresa: "Se trabajó a espaldas de la defensa”, lo que implicó una violación del Art. 241 del C.P.P, lesionándose el derecho de defensa, al privarse a su asistida de designar un perito de parte que controlara".
En este sentido uno de los jueces de la Cámara, Juan Pablo Morales, señaló que la ausencia de esas notificaciones a la defensa afectan y se extienden directamente hacia los actos investigativos que se forjaron con dichas piezas, tales como el decreto de determinación de los hechos, la declaración del imputado, su ampliación y el requerimiento de elevación a juicio por eso todo es objeto de nulidad.
Asimismo señala Morales que advierte en lo actuado que "no se han recepcionado declaraciones testimoniales de personas mencionadas en el Acta Inicial de Actuaciones, puntualmente a los ciudadanos Calisto Vázquez y Lucio Cayo Guerra" por lo que estima pertinente su inmediata convocatoria en la calidad mencionada.
En tanto los jueces Álvarez y Da Prá coinciden con Morales y señalan la gravedad para la administración de Justicia la falta de notificación a las partes como también advierten que en la causa se aprecia una deficiente confección del abanico probatorio. Ahora la causa volvió a la fiscalía para cumplimentar lo ordenado.
