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En el Tribunal Oral Federal

Se concedió la probation a acusado de falsificación

Ofreció $1.000 y se comprometió a realizar tareas comunitarias en un club de rugby, en Buenos Aires.
11 de junio de 2018 - 04:06 Por Redacción El Ancasti

Hacia el final de la semana pasada en el Tribunal Oral Federal (TOF) se desarrolló una audiencia de suspensión del juicio a prueba, más conocido como ‘probation’. En esta ocasión, Diego Balverde, acusado de “falsificación de moneda”, ofreció $1.000, realizar tarea comunitaria en un club de rugby de la provincia de Buenos Aires y a cumplir una pauta de conducta.


El TOF hizo lugar al pedido por Pedro Vélez, abogado defensor del imputado. A Balverde se le impuso una serie de pautas: fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados, no cometer nuevos delitos y constituir domicilio. Balverde estaba imputado como partícipe secundario de estafa mediante el expendio de moneda extranjera falsa equiparable a moneda nacional en concurso ideal.

Para alcanzar este beneficio ofreció $1.000 en concepto de reparación por el daño causado, “pero que ella devendría en simbólica" toda vez que los elementos frutos del delito fueron restituidos a su dueño en la sede de Gendarmería Nacional próxima a su domicilio. 


“La situación en la cual los elementos fruto del delito ya fueron entregados por parte del coimputado a la Gendarmería Nacional Argentina y la voluntad de realizar tareas comunitarias en el Club de Rugby de Pueyrredón de la Ciudad de Mar del Plata, ante ello, considero pertinente otorgar el beneficio de suspensión de juicio a prueba a favor del incoado Diego Alberto Balverde por el término de dos años.

En iguales términos ordeno que se restituya al procesado la caución oportunamente impuesta la cual quedará diferida para la etapa de ejecución de la presente resolución”, se fundamentó. 

Beneficio
La probation contribuye una respuesta más humana en la justicia penal, ya que tiende a evitar las consecuencias negativas del encarcelamiento, como así también desde un punto de vista práctico impedir que llegue la sentencia en procesos de poca importancia en política criminal ahorrando recursos materiales y humanos, con la gran ventaja que se producen importantes reducciones de costos al Estado. 

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