Tito es jubilado y vive con uno de sus hijos y su familia; por lo general pasa gran parte del día solo porque el matrimonio de adultos trabaja y sus nietos estudian y tienen otras actividades. Una mañana golpearon a su puerta y abrió; eran dos mujeres que al final de cuentas le hicieron un verso y se llevaron la jubilación recién cobrada. Jacinta también vive con Carlos, su hijo y su familia en la casa que ella y su difunto marido construyeron. Carlos cobra la pensión de su mamá y con ese dinero paga las cuentas de la casa y cubre otros gastos suyos, de su esposa o de sus hijos. Mientras tanto, Chela permanece sola en su habitación, encerrada; nadie comparte tiempo con ella y apenas se ocupan de darle de comer, no la llevan al médico ni la bañan. Sus otros tres hijos casi no van a visitarla. Pepe vive con un nieto; el muchacho se fue de la casa de su padre peleado porque no quería estudiar ni trabajar. Su abuelo le abrió la puerta y lo recibió en su casa. Sin embargo, su nieto le grita, lo insulta y también le pega. La última vez lo agredió con el bastón, lo tiró al piso y le dio varias patadas. Porota y su esposo por ayudar a un sobrino contrajeron una deuda que apenas pueden pagar. Su sobrino les pidió que sacaran en cuotas un televisor y un celular y que él les pagaría pero jamás cumplió.
Historias de personas ancianas que más de una manera resultan víctimas siempre se escuchan. Algunas veces los adultos mayores pueden llegar a denunciar, pero dada la complejidad de la situación de este grupo social el abordaje para dar la mejor respuesta debe ser especializado. Ezequiel Walther, fiscal de instrucción, consultado por El Ancasti, aseguró que existen denuncias. Al mismo tiempo aclaró que si bien no son significativas sí son sensibles en cuanto a la temática y a la atención que requieren. “Es complejo visualizar, en la mayoría de los casos, la existencia del delito. A veces hay que ajustar los tornillos para que quienes son los responsables tomen las cartas en el asunto o mejoren las situaciones donde se pueda advertir alguna falencia y que llegue a constituir un delito; en estos casos intervenimos nosotros. Son situaciones que mayoritariamente deberían ser resueltas por otras intervenciones y no por la Justicia penal”, sostuvo.
"Hay una parte de violencia psicológica y verbal familiar. Algunas veces eso repercute con violencia económica". Ezequiel Walther.
Además, indicó que las denuncias relacionadas con adultos mayores que se efectúan suelen ser de las más diversas índoles y muy pocas deberían tener incidencia en el fuero penal, como cuando hay maltrato físico o abandono. “Más de una vez se producen denuncias por personas no convivientes con respecto a situaciones o, en el peor de los casos, de personas que no habitan en la Provincia pero que conforman el grupo familiar de esa persona mayor y vienen de visita y advierten cuestiones que para ellos no corresponden o son inadecuadas”, comentó. Según el fiscal, no tienen la incidencia diaria y práctica en la vida de esta persona ni en el entorno que lo está cuidando. Más de una vez se generan denuncias entre familiares por cuestiones que están al margen de la mantención, tutela y cuidado del mayor, explicó.
“Es un colectivo vulnerable en cuanto a los recaudos que deben tener en cuestiones que los pueden llegar a perjudicar y, de hecho, los perjudica. Hay una parte de violencia psicológica y verbal familiar, en algunos casos, de sujetos que están bajo el cuidado de otro miembro de menor edad, algún encargado. Algunas veces eso repercute con violencia económica porque al estar limitados física o psicológicamente al movimiento de las cuentas sueldo las percepciones mensuales las tiene otro sujeto”, detalló.
Para Walther, el sistema jurídico más de una vez no tiene predispuestas las herramientas para adecuarse como corresponde a la vulnerabilidad de ese tipo de sujetos pasivos. “Es indudable que gran parte de los delitos de los que son víctimas, más de una vez pasan por el abuso de confianza, ‘cuentos del tío’ o por gente que los obliga de manera contractual y que no tienen cabal conocimiento de lo que están suscribiendo o para qué los llevan a un comercio. En el peor de los casos, los ponen de garantes y los ejecutan”, contó.
SUS DERECHOS
En mayo del año pasado Argentina oficializó su adhesión a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. El tratado, adoptado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), fue firmado por Argentina Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay. El primer artículo de la convención prescribe su objeto: "Promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad".
Conflictos familiares como telón de fondo
Ante estas situaciones, los ancianos quedan en el medio, entre tires y aflojes entre familiares, cartas documentos por deudas que contrajeron por terceros y otras cuestiones que a esta altura de su vida ya no se imaginaban. “La investigación de ese tipo de hecho es compleja porque, en algunos casos, voluntariamente hubo firmas de instrumentos por parte del titular a favor del tercero", remarcó. "El abordaje de la problemática y de esta situación también es complejo porque requiere de la intervención de muchos asistentes incidentales del proceso penal como pueden ser el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF), trabajadores sociales, psicólogos o médicos”, contó.
Lo más complejo es que en la mayoría de los casos son cuestiones que no deberían entrar al ámbito familiar, aclaró. “Se deberían resolver adecuadamente y de manera satisfactoria por otras vías alternativas, con un área específica de otros organismos que van a dar una solución efectiva, adecuada y pertinente porque más de una vez son conflictos familiares que algunas veces sí caen en delitos”, señaló. Entre los denunciantes, comentó que el problema de la identificación al momento de denunciar también es difícil porque más de una vez la denuncia la efectúa un tercero no conviviente y más de una vez se mezclan cuestiones familiares, económicas o de intereses patrimoniales en la recepción de la denuncia, de personas que no tienen incidencia en la titularidad de la cuenta que es administrada por otros.
En ocasiones, quienes denuncian son vecinos o se trata de algún familiar que no reside en la misma casa con la persona anciana. También puede haber denuncias cruzadas entre hijos por reclamos en la atención a los padres ancianos.
