Minutos antes de las 9 de la mañana Pablo Aníbal Rivera ingresó al edificio del Juzgado Federal para ser indagado en el marco de la "Narcobanda VIP". Tal como estaba previsto, el abogado se abstuvo de prestar declaración aunque su abogado defensor le adelantó a El Ancasti que en las próximas semanas podría dar su versión de los hechos.
Esposado y acompañado por personal de la Policía de la Provincia entró caminando por la cochera de calle Junín al Juzgado Federal, en donde fue indagado por el juez Miguel Ángel Contreras. Según informaron las fuentes, tras escuchar la acusación Rivera se abstuvo de prestar declaración. Pasado el mediodía, el patrullero lo trasladó nuevamente a la comisaría en la que está detenido desde el 19 de abril, cuando fue sorprendido con 150 gramos de cocaína "alita de mosca" en La Merced, cuando regresaba en su camioneta desde la provincia de Tucumán.
El abogado y supuesto líder de la banda está acusado de "transporte de estupefacientes para su comercialización en concurso real y tenencia de estupefacientes para su comercialización agravado por el número de personas".
En ese sentido, Luciano Rojas, abogado de Rivera, criticó la acusación impuesta por el fiscal subrogante de la causa, Rafael Vehils Ruiz, ya que consideró que no existen elementos para confirmar que se trató de una banda.
"Considero que no se trató de una gran investigación. No fue el desbaratamiento de una banda y esto no contribuye a la lucha contra el narcotráfico porque se trata de un secuestro ínfimo. Es venta al menudeo y de ninguna forma viene a cortar de raíz este tema; me parece que son otros en Catamarca los que mueven las grandes cantidades", expresó.
"Hoy decidimos que se abstenga pero luego del estudio del sumario vamos a pedir una ampliación de declaración para pedir nuestro derecho a ser oídos; hay un montón de actos procesales que están viciados, que son inválidos y oportunamente se harán los planteos". El abogado se refirió a una supuesta violación al estudio jurídico de Rivera, que fue allanado y en donde se encontraron balanzas y elementos vinculados al caso.
Rojas, amparándose en el artículo 7 de la ley del Ejercicio de la Abogacía, sostuvo que se tendría que haber comunicado previamente al Colegio de Abogados del allanamiento. "Esto es una condición insalvable que sanciona con nulidad la falta de comunicación. Esto fue salvado por la instrucción por un llamado realizado posteriormente pero igual este incumplimiento invalida el procedimiento en la vivienda", concluyó.