En horas tempranas en la Cámara Penal de Segunda Nominación se conoció el veredicto para Juan Ricardo Acevedo, quien se había sentado en el banquillo de los acusados imputado por el delito de “peculado”. Acevedo se desempeñó durante 10 años como empleado judicial en Valle Viejo y en octubre de 2014 se apropió de una escopeta secuestrada en el marco de un operativo para luego venderla. Cuando el dueño la fue a buscar, no la encontró. Después de unos años, en una página web de compra y venta, vio una escopeta muy parecida a la suya. Se contactó con el vendedor y acordaron una cita. Concretado el encuentro, pudo corroborar que se trataba de su arma y le preguntó al vendedor cómo la consiguió. Le contestó que un empleado judicial se la había vendido.
El fiscal Gustavo Bergesio había pedido la pena de tres años y seis meses de prisión efectiva y había mantenido la acusación fijada en primera instancia por el fiscal de Delitos contra la Administración Pública, Marcelo Sago. De acuerdo con el artículo 261 del Código Penal Argentino “será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo”.
En tanto que el defensor oficial Vicente Olmos no solo había pedido la absolución de su defendido sino que también se le reintegraran los sueldos. En 2015 fue exonerado del Poder Judicial.
El juez Rodolfo Bustamante resolvió bajar la imputación a “hurto” y fijó una pena de seis meses de prisión en suspenso.
