El ex empleado judicial Luis Fernando Jalil fue condenado a la pena de 7 años tras ser hallado culpable de integrar una banda compuesta por sujetos de esta provincia, Tucumán y Córdoba que se dedicaban a la venta de estupefacientes. Sus cómplices recibieron penas inferiores y hubo una absolución por el beneficio de la duda.
En primer lugar, los alegatos estuvieron marcados por las graves críticas realizadas por los defensores a la labor de Drogas Peligrosas (ver recuadro), que motivaron planteos de nulidad que fueron rechazados por el fiscal Rafael Vehils Ruiz.
El representante del ministerio público echó por tierra los dichos de los acusados, quienes el lunes habían manifestado que se habían contactado con Jalil para comprar cocaína.
"No fueron a comprar nada. Fueron a entregar droga al por mayor, a distribuirla", dijo. "Decían que le habían comprado cocaína (a Jalil) pero éste solo tenía 82 pesos".
El domicilio del allanamiento realizado el 19 de marzo de 2016 en el que se encontraron los 4 kilos de marihuana es propiedad de Jalil y según Vehils Ruiz, Carlos Alberto Orquera, el albañil, era "su persona de confianza". Además, aseguró que Jalil tenía contactos en Tucumán y Córdoba. "Se trata de una organización interjurisdiccional", expresó.
Vehils Ruiz pidió 8 años de cárcel para Jalil, Orquera, el cordobés Víctor Romero, Antonio Chapier y Ezequiel Medina, en tanto que para Nelson González pidió que fuera considerado "partícipe secundario" y solicitó una pena de 2 años. Todos acusados por "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada".
En la última palabra, los imputados sostuvieron su inocencia y pidieron "que se haga justicia". Solo Jalil fue quien se explayó y pidió disculpas "a su familia y a sus compañeros de trabajo".
Cerca de las 14 el Tribunal dio a conocer el fallo unánime. 7 años para el ex empleado judicial, 6 para Chapier, Medina y Romero, 3 años para Orquera, por participación secundaria y la absolución para González.
"El Estado no puede convertirse en delincuente para combatir el delito"
Pedro Vélez, defensor de Víctor Romero, fue el primero en alegar ante los jueces Juan Carlos Reynaga, Adolfo Guzmán y José Camilo Quiroga Uriburu. Por más de media hora lanzó duras críticas contra la instrucción realizada por personal de la Dirección Drogas Peligrosas y planteó nulidades que fueron rechazadas luego por la Fiscalía.
Vélez comenzó manifestando que el acta se redactó "en dos partes. Una costumbre de modificarlas a su antojo".
Recordó que un testigo de actuación señaló que firmó el acta al día siguiente del allanamiento en la base de Drogas Peligrosas y que no le leyeron el documento. "Esas situaciones son causales de nulidad", lanzó.
"Fue algo adrede. Es un acta falsa. El allanamiento fue realizado sin una orden", dijo.
En junio del año pasado Vélez ya había acusado que dentro de Drogas Peligrosas había "narcopolicías" que se robaban plata y droga, y que desde el Juzgado Federal no se tomaban medidas. "Uno no puede creer que exista en un estado de derecho estas falsedades. El Estado no puede convertirse en delincuente para combatir el delito. Este procedimiento no es el único", manifestó.
Por su parte, Fernando Contreras, defensor de Jalil, señaló que el Juzgado Federal tomó conocimiento dos días después del allanamiento.
Según explicó, no hay una concordancia en los horarios que figuran en el acta de procedimiento y con lo declarado por un oficial que participó de los trabajos de inteligencia. El policía había manifestado que terminó su trabajo el 19 de marzo a las 12.30 y que informaría "a la superioridad" que había elementos para que se realice el procedimiento. Sin embargo el allanamiento se habría realizado minutos más tarde.
"El procedimiento se llevó a cabo sin la orden del Juez Federal", concluyó.