Tenía 12 años cuando su padrastro la abusó y pudo contárselo a su mamá. Aunque hay denuncia y la Justicia investiga, donde vive no hay un psicólogo que la pueda contener. Dos hermanitas vivían con su mamá y su hermanito pero su mamá murió; las separaron y hoy viven en casas distintas. Una adolescente quedó sin su mamá y su papá está en la cárcel. El caso salió en los diarios pero cuando su tío fue a pedir ayuda al organismo oficial que debía dar una respuesta, nadie sabía nada. Todos los casos tuvieron repercusión mediática y aún así los niños no fueron debidamente contenidos y todavía esperan una solución.
La Ley Provincial 5.357 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes va en consonancia con la Ley Nacional 26.061 y, a su vez, con la Convención de los Derechos del Niño. En distintos congresos y actividades sobre niñez y adolescencia se resaltan sus virtudes y su noble propósito pero, en la práctica, el sistema no está completamente aceitado y la respuesta llega con demoras o no llega. Son los chicos o algún familiar o institución que deben empujar al sistema para que los engranajes comiencen a funcionar y la respuesta llegue porque el sistema por sí solo no se mueve.
En octubre del año pasado, Julieta Celina Herrera fue asesinada por Esteban Castaño, su pareja y padre de sus tres hijos. Después de unos meses, en marzo, estuvieron en condiciones de declarar en Cámara Gesell, como testigos. En ese momento, la abuela materna le contó al fiscal de la causa que pidió contención psicológica para sus nietos pero no tuvo respuesta. Inmediatamente, el fiscal envió un oficio para que la Oficina de Asistencia a la Víctima del Poder Judicial tomara intervención.
En octubre, María Celeste Silva y su bebé de un año murieron calcinados. Jorge Luis Burgos, su pareja y padre del niño fue imputado por el crimen. Las dos hijas de la mujer –que tuvo con dos parejas anteriores-, de cinco y seis años, salvaron su vida de milagro porque un vecino de 16 años las rescató de las llamas. “Fue Jorge”, dijo una de las nenas en Cámara Gesell. Jorge Silva, el abuelo materno, contó que por disposición de la Subsecretaría de Familia, las niñas –que vivieron siempre con su mamá y su familia materna- fueron entregadas cada una a sus respectivos padres. Hoy una de ellas está con su papá y la otra con la familia de su mamá. Crecen en casas separadas y se ven los fines de semana o cuando así lo piden. Pasada la tragedia, solo quedaron promesas. Solo una persona de Desarrollo Social se acerca para ofrecer ayuda pero nadie del Sistema de Protección.
Desde la semana pasada en la Cámara Penal de Segunda Nominación se desarrolla el juicio por la muerte Cecilia Olima, ocurrida en Londres, el año pasado, a manos de su pareja Miguel Ángel Rodríguez. La pareja tuvo cinco hijos y los dos más pequeños, de siete y 13 años son los más vulnerables. En una de las audiencias, uno de los testigos, tío de los niños, contó que había viajado hasta el Ministerio de Desarrollo Social para pedir ayuda para sus sobrinos en el Sistema de Protección Integral. Aunque la noticia del crimen tomó estado público, en ese organismo nadie sabía nada sobre la situación de los chicos. Tampoco tuvieron una respuesta.
Medida polémica: niños lejos de su centro de vida y de la familia cercana
En octubre del año pasado, Yésica Paola Ferreyra (30) fue condenada a la pena de prisión perpetua. La Cámara Penal de Tercera Nominación la halló culpable por el delito de “homicidio agravado por alevosía”. Comparte la condena con Ángel Ariel Leguizamón, su pareja y padre de sus hijos pequeños. Ambos habían matado a puñaladas, en julio de 2016, a Jorge Mauricio Herrera.
Al margen de la cuestión penal, los hijos de la pareja, tres niños de entre cuatro y 11 años, al mismo tiempo sufren una suerte de condena por el crimen que sus padres cometieron. La pareja quedó detenida a las pocas horas del asesinato de Herrera y sin nadie que cuidara a los hijos, fueron alojados en Casa Cuna, mientras se buscaba a algún pariente que los pudiera recibir en su casa. Al no haber familiares en Catamarca que pudieran hacerse cargo de ellos, surgió la posibilidad de que el abuelo materno, que reside en Santiago del Estero, se hiciera cargo pero no se concretó. Una hermana de Ferreyra, que vive en Mar del Plata, Buenos Aires, aceptó cuidar a sus sobrinos pero si ellos eran trasladados a esa localidad de la Costa Atlántica. Desde entonces, están en esa ciudad.
La defensa de Yésica Paola analizó la posibilidad de tramitar la prisión domiciliaria, no para beneficiar a la mujer sino para beneficiar a los chicos, teniéndose en cuenta la Convención de los Derechos del Niño, que contempla la niñez hasta los 18 años.
“Tenemos una norma con jerarquía constitucional que es la Convención de los Derechos del Niño, que pone el foco en el interés superior de los niños. Se pensó y se habló con Yésica Paola. Deberían intervenir y activamente otros organismos, como el área de Niñez y Adolescencia. Los chicos fueron llevados hace más de un año a Mar del Plata. No sabemos con certeza en qué situación están ni tampoco nos comunicamos ni se comunicaron ellos. En principio, a la Defensoría no le compete este caso porque es una cuestión de Familia el tema del bienestar de los chicos, pero nos tenemos que imbuir de esa situación para poder interiorizarnos en ese contexto. Los chicos están sufriendo por la lejanía de ambos padres desde julio de 2016. Prácticamente tienen un escaso y un nulo contacto”, remarcó Valeria Olmedo, letrada auxiliar de la Defensoría Penal Nº 3 en octubre del año pasado.
