El fiscal de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública, Marcelo Sago, solicitó una serie de registros que se realizaron ayer al mediodía en la Jefatura policial, con el propósito de secuestrar documentación en el marco de la causa que investiga supuestas estafas en la contratación de seguros para los móviles policiales.
Los procedimientos se realizaron ayer al mediodía en el edificio de calles Tucumán y Chacabuco, en donde trabajó por varios minutos personal de la Fiscalía que tras localizar los expedientes requeridos se procedió a secuestrar para ser analizado.
La causa se originó a partir de la denuncia radicada en febrero por la comisario Nilda Leguizamón, ex jefa del Departamento de Logística de la Policía. En la deposición, se puso en evidencia las supuestas maniobras irregulares en el pago de seguros del parque automotor. Leguizamón había advertido que se habían efectuado doble pago de seguros y que hasta se había contratado cobertura para móviles que llevaban varios en desuso y que estaban abandonados en el depósito situado en Sumalao.
Tras detectar esta anomalía, Leguizamón solicitó una auditoría pero esta no se había llevado a cabo según la denuncia realizada por Leguizamón. Posteriormente la mujer efectuó una ampliación de la denuncia con la presentación de más elementos de prueba los cuales fueron puestos a consideración del fiscal Sago.
Días después de la denuncia, desde la Fiscalía de Delitos Contra la Administración Pública se enviaron oficios a las empresas de seguro mencionadas en la denuncia. En forma paralela también se solicitó a la Jefatura policial que se informe en detalle el parque automotor.
La situación expuesta por la comisario puso en la mira al jefe de Policía, Orlando Antonio Quevedo y al secretario de Seguridad, Marcos Denett, quienes minimizaron la denuncia. Leguizamón señaló que desde la Jefatura se habían negado a realizar la auditoría.
A partir de la denuncia la comisario junto a un grupo de colegas intentaron reunirse con la gobernadora Lucía Corpacci para manifestarle las graves irregularidades. Tras una de estas convocatorias, los policías denunciaron haber sido espiados y seguidos por personal policial.
A su vez, el secretario de Seguridad denunció ante la Justicia Federal un intento de desestabilizar a la cúpula policial.
De ambas causas no trascendieron novedades en las últimas semanas.
