polémica por la ley nacional de salud mental

Salud Mental le marcó la cancha a la Justicia en la aplicación de la ley

Apuntó al Programa 'PRISMA' que se implementó en el penal de Ezeiza y deslindó responsabilidades.
viernes, 07 de diciembre de 2018 · 04:08

A partir de una serie de graves acusaciones emitidas desde la Justicia hacia el Ministerio de Salud y las desmentidas realizadas desde este organismo en el marco de la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental en los casos "Loco" López, imputado por intento de homicidio tras dispararle con un arma de fuego a la camioneta del fiscal Vehils Ruiz, y "Guty" Moya -vinculado con hechos de violencia y extrema-, quedó en evidencia la falta de un espacio donde las personas privadas de su libertad con trastornos mentales o del comportamiento producto del consumo de sustancias psicoactivas puedan recibir un tratamiento en un ámbito de internación mientras cumplen la condena recibida.

A los cuestionamientos de la Justicia y a la defensa de Salud se sumó el malestar de amplios sectores de la población, en especial de los habitantes de los barrios donde viven los dos sujetos, quienes permanecen alojados en sus viviendas con una consigna policial.

En este contexto, el subsecretario de Salud Mental y Adicciones, Matías García Terán, en diálogo con Radio Valle Viejo, salió al cruce de las acusaciones realizadas por Carma y remarcó: "Que una persona esté en libertad después de cometer un hecho delictivo y no vaya al servicio penitenciario es solamente por una decisión judicial, y si se la declara inimputable tampoco es una decisión del Ministerio de Salud, sino de la Justicia. Y eso nos obliga a brindarle asistencia a esa apersona dentro de su comunidad".
Aseguró que "no se puede privar de la libertad a una persona en un establecimiento hospitalario porque la Ley de Salud Mental 26657 así lo ordena". Sostuvo que primero se lleva a cabo un proceso judicial "que nos excede como Ministerio, que tiene como objetivo determinar el crimen de una persona y el hecho delictivo cometido", y destacó que después "se realiza la evaluación para determinar la inimputabilidad de esa persona, es decir, saber si el acusado entiende los hechos que ha cometido. Pero son hechos netamente judiciales porque la inimputabilidad la declara un juez, no el Ministerio".

Informó que en el Servicio Penitenciario no existe un área específica para internar a personas con padecimientos mentales o psiquiátricos, y destacó que "existe una experiencia en la cárcel de Ezeiza con un programa llamado PRISMA".

Hizo hincapié en que para la creación de este programa "la Justicia conjuntamente con el área de Salud de la Provincia de Buenos Aires generó un área para personas con problemas psiquiátricos donde se les da resguardo policial y se les garantiza la asistencia necesaria". Y finalizó: "Si el paciente estará internado lo determina la Ley de Salud Mental a través de un equipo interdisciplinario".

Acusaciones

El juez de Control de Garantías Nº2, José Antonio Carma, acusó recientemente a Salud de no dar respuesta a una serie de oficios e intimaciones en los cuales la Justicia solicitaba la internación de "Guty" Moya, quien fuera acusado por homicidio simple en calidad de coautor de Marcelino Pachado y que posteriormente fuera sobreseído tras ser declarado inimputable por afecciones mentales.

Inimputables y condenados con tratamiento dentro del penal

Los casos de "El Loco" López y "Guty" Moya reabrieron la controversia sobre si deben o no existir los internados para personas con padecimientos mentales.

En los grupos de vecinos que viven en las inmediaciones de los hogares de ambos sujetos y hasta en la localidad de La Merced, en el departamento Paclín, donde erróneamente se presumió que podría ser alojado uno de ellos, provocó la airada manifestación pública de los lugareños.

En este marco, García Terán deslindó las responsabilidades de Salud y las de la Justicia al señalar que esta última es la que determina la inimputabilidad y si una persona debe o no ser alojada en un servicio penitenciario. Explicó que, según la Ley de Salud Mental, las personas con padecimientos mentales graves deben ser atendidas en los hospitales con capacidad de internación.

"A la persona se le asigna un médico psiquiatra y se hace una red con el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) más cercano a donde está el paciente, para que se pueda seguir el tratamiento que se le asignó y hacer un seguimiento con los familiares sobre la continuidad y su resultado", puntualizo el funcionario.

En ese marco dijo que el tratamiento debe considerar la patología y ciertos contextos, y remarcó que "si el paciente se niega a tomar los remedios y tiene una recaída, se lo internará hasta que pase la crisis y volverá al tratamiento ambulatorio".

El profesional explicó que también puede aplicarse un tratamiento con medicamento inyectable "que duran mucho tiempo, que se llama medicación de depósito, que se inyecta una vez al mes", y sostuvo que esta alternativa es evaluada por los médicos de acuerdo a cada paciente.

En otro orden de cosas, García Terán mencionó el programa PRISMA que se realiza en el penal de Ezeiza, generado a partir del trabajo combinado entre la Justicia y el área de Salud de la Provincia de Buenos Aires, aunque no brindó detalles de aquél.

El programa

Según una publicación realizada por los diarios La Nación e Infobae, el programa fue creado en 2011 para coordinar políticas públicas en materia de salud mental orientadas a personas privadas de su libertad con trastornos mentales o del comportamiento producto del consumo de sustancias psicoactivas.

Su funcionamiento es dentro del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y tiene capacidad para 75 pacientes. Aloja a 60 hombres y 10 mujeres. Hay 5 personas en la sala de ingreso y funciona como internación de salud mental, con una guardia interdisciplinaria de 24 horas.

A cada paciente se le asigna un psiquiatra, un psicólogo y un trabajador social, que son los que definen la estrategia terapéutica según el caso.