Para el Tribunal Oral Federal, el fiscal Rafael Vehils Ruiz no pudo comprobar en qué defraudó el ex intendente Carlos Fabián (FJV) a la Administración Pública Nacional y al municipio de Antofagasta de la Sierra y ese fue el principio en el que se basaron para resolver su absolución. Además, consideraron que si Nación giró todos los fondos de la obra sin que se hubiera terminado y sin comprobar los avances de obra, ya que efectivamente su construcción se demoró, no era materia de análisis del juicio, y la responsabilidad de los funcionarios nacionales deberá ser investigada por quien corresponda.
El Tribunal remarcó que al inicio del debate, la defensa del ex intendente ofreció la incorporación de una serie de pruebas, entre las que había una serie de mails que intercambiaron los arquitectos Daniel Nicolás Martínez, contratado por la Municipalidad para realizar una readecuación de la obra del CIC de El Peñón, y Gabriela De Lucca, representante del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Allí De Lucca daba el visto bueno para el cambio de obra. "El representante fiscal no solo consintió la incorporación de mencionada prueba instrumental, sino que también, tuvo contacto con ella, la valoró y la utilizó durante el debate. En suma, los mails intercambiados por De Lucca y Martínez, en los términos antes dichos, poseen pleno valor de convicción a los efectos de acreditar circunstancias referidas a la reestructuración de la obra del CIC", consideraron los jueces.
Ese argumento sirvió para demostrar que el CIC de El Peñón se construyó, aún a pesar de las demoras, pero se cumplió con la edificación con una reestructuración mediante acordada con Nación.
En tal sentido, explicaron que en las facturas emitidas respecto de la construcción del CIC se detallan gastos en honorarios abonados al arquitecto Martínez por $80.000; compra de materiales a una empresa por $109.076,43; pago al constructor por $375.000; pagos de adquisición de materiales y colocación de techos por $120.000; y pagos de alquileres de máquinas viales por $130.000; lo que suma un total de $814.076,43, con un saldo de $7.101,82 en la cuenta que se había habilitado para los envíos de Nación.
Sobre estas pruebas, consideraron que no se encontraba probado con certeza que Fabián y su ex secretaria, Cynthia Romero, hayan defraudado a la Administración. "Solo se pueden apreciar diferentes movimientos de dinero remitido por el Estado nacional hacia la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra para afrontar los gastos de la obra en su totalidad. El dinero fue girado incluso sin contar con la certificación de avance de obra respectiva. Que la obra del CIC no fue realizada en un tiempo prudencial a pesar de no existir en el convenio un plazo de obra, no quiere decir que la obra no se haya culminado y que el dinero haya desaparecido", esgrimió el TOF.
Los jueces consideraron que si Nación giró todos los fondos sin verificar los avances de obra, la responsabilidad de los funcionarios nacionales sobre estas maniobras "deberán ser investigados por quien corresponda, pero ello no hace concluir que la obra no haya sido culminada en base al dinero transferido a las arcas de la municipalidad".
Por tal motivo, absolvieron a los dos imputados porque el fiscal "no probó el dolo directo de defraudar o engañar en sus intereses y en su patrimonio a la Administración Pública Nacional", y tampoco se comprobó cuál fue el daño causado a la APN en su patrimonio. En el caso de Romero consideraron que el fiscal no incorporó prueba que permita determinar su responsabilidad y la acusó de los mismos hechos que a Fabián, y si Fabián no cometió el hecho por el que se lo acusa, de igual modo, tampoco su ex secretaria de Hacienda.
