BUENOS AIRES- La violencia de género contra las mujeres también impacta en el ámbito de la política. En la Argentina, ocho de cada diez legisladoras nacionales y porteñas afirmaron que sufrieron situaciones de violencia de género a lo largo de sus carreras políticas. El dato surge de un estudio que realizó el Equipo Latinoamericano de Justicia y Violencia de Género (ELA), tras entrevistar a 45 legisladoras de 11 provincias pertenecientes a diferentes partidos políticos, entre junio de 2017 y mayo de 2018.
Se trata de la primera encuesta nacional que se realiza en la Argentina con la cual se intenta visibilizar y poner en primera persona la violencia política contra las mujeres, en un contexto social donde, a partir del caso de la actriz Thelma Fardín, las denuncias por abuso también tuvieron correlato en la política: el senador pampeano Juan Carlos Marino (Cambiemos) fue denunciado por acoso sexual, al igual que varios dirigentes de La Cámpora.
“Sabíamos que la violencia contra las mujeres en política existía en Argentina, pero, a diferencia de muchos países de la región, no teníamos datos sobre esto”, precisó Lucía Martelotte, directora ejecutiva adjunta de ELA y responsable de la investigación. “Lo que vimos fue que, lejos de ser un problema aislado o de algunas mujeres o partidos políticos, la violencia contra las mujeres en política existe y es un problema muy extendido”, agregó la especialista.
Si bien se considera a la Argentina como un país pionero en términos de representación política de las mujeres –fue el primero en el mundo en tener una ley de cupo femenino en 1991, tuvo dos veces una presidenta mujer y desde 2017 cuenta con una la ley de paridad de género que lleva la representación femenina al 50 por ciento en las listas electorales–, todavía hay un grado de desconocimiento y de naturalización del problema de la violencia, incluso entre quienes son las principales afectadas.
Según el estudio, el 73 % de las legisladoras afirmó haber vivido alguna situación de violencia de género en la política a lo largo de su trayectoria. Sin embargo, al incluir preguntas vinculadas con acciones concretas, por ejemplo, si les habían restringido el uso de la palabra en reuniones y sesiones, o si las habían aislado en el ejercicio de sus funciones públicas por su condición de género, las respuestas positivas ascendieron a un 82 %.
Los dos tipos de violencia más frecuentes que tuvieron que enfrentar las encuestadas a lo largo de sus trayectorias fueron la psicológica (50 %) y la simbólica (28 %). En menor medida, se refirieron a situaciones de violencia económica (22 %), en tanto que la violencia física como la sexual fueron reportadas en menos del 10 % de los casos. Un dato clave que se desprende del estudio es que el 38 %e las mujeres señaló que las situaciones de violencia se dieron mientras eran militantes. Por eso desde ELA apuntan a trabajar con los partidos políticos y los sindicatos en la formación de mujeres políticas para lograr que cada vez tengan más voz. La especialista apunta que, además de aplicar los cambios normativos correspondientes, como la sanción de la ley Micaela, hay que romper con esta cuestión arraigada culturalmente. “Muchas mujeres nos dijeron que era la primera vez que se ponían a pensar en violencia política. Estamos hablando de mujeres con mucha trayectoria, superempoderadas, que habían naturalizado estas situaciones como ‘el precio de estar en política’”, destaca. Desde ELA remarcan que es importante que la sociedad repare en la violencia política contra las mujeres para no perder la pluralidad de voces y fortalecer así el sistema democrático.
