La Auditoría General de la ciudad de Buenos Aires aprobó por unanimidad un protocolo que tiene por objeto regular las acciones de prevención e intervención en caso de producirse hechos de violencia de género dentro de ese organismo. El protocolo aprobado incluye situaciones de violencia sexual y discriminación basada en el sexo y/o género, orientación sexual e identidad de género que tengan por objeto o resultado, excluir, restringir, limitar, degradar, ofender o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos, producida a través de cualquier medio de comunicación escrito, audiovisual o digital.
"Todo el personal de la Auditoría que sea víctima de violencia de género deberá recibir asesoramiento y orientación, además de tener derecho a una licencia con goce de haberes", dijeron autoridades del bloque Vamos Juntos de la AGCBA, integrado por Raquel Herrero, Jorge Garayalde, Vicente Rodríguez y Facundo del Gaiso.
De acuerdo con un comunicado oficial, en la resolución aprobada por el cuerpo colegiado se aclara que también queda comprendida la violencia de género, además del abordaje en aquellos casos donde se manifiesten los distintos tipos de violencia, que pueden ser física, psicológica, sexual, económica y/o simbólica. A partir de lo estipulado por el Convenio Colectivo de Trabajo, la AGCBA conformará la comisión de Igualdad de Oportunidades y de Trato (CIOT), que tendrá a su cargo la realización de charlas, jornadas, debates y talleres sobre la temática, además de la recepción de consultas, las cuales serán de estricto carácter confidencial.
Hay equipo
La persona afectada podrá formular una denuncia o solicitar medidas cautelares de protección. Se conformará un Equipo Técnico Especializado que analizará cada caso.
Con posterioridad al asesoramiento brindado por esta comisión, la persona afectada podrá formular una denuncia o solicitar medidas cautelares de protección. Para tal fin, la AGCBA firmará convenios con distintos organismos especializados en la materia, con el objeto de conformar así un Equipo Técnico Especializado, el cual analizará cada uno de los casos.
Una vez elaborado este informe, el Equipo Técnico Especializado lo remitirá al Colegio de Auditoras/es Generales, el cual dispondrá el inicio de las actuaciones sumariales correspondientes, dentro de los 10 días corridos. Analizadas las conclusiones sumariales, el Colegio deberá aplicar a quien resulte responsable por la comisión u omisión de los hechos investigados, la sanción que estime pertinente, valorando la gravedad de los hechos ocurridos y los antecedentes que tuviese la persona que resultase responsable. Las sanciones van desde apercibimientos hasta rescisión del contrato, contemplando también la obligación de realizar cursos vinculados con la temática de violencia de género.
Ley Micaela
La decisión va en sintonía con la salida de la "Ley Micaela", que propone la creación de un "Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres". El proyecto establece la capacitación obligatoria para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Mientras que la de las máximas autoridades de los tres poderes estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, que en su página web deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la ley en cada uno de los organismos.
