El Senado aprobó ayer por unanimidad la "Ley Micaela" de capacitación obligatoria en temática de género para todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado. La iniciativa tuvo un rápido avance, ya que la Cámara de Diputados la había aprobado en la madrugada de ayer miércoles y el Senado le dio sanción definitiva pasadas las 17:00, con 59 votos a favor y ninguno negativo. El proyecto fue impulsado por el Movimiento Evita y llamado de esa manera en homenaje a Micaela García, la joven asesinada en la ciudad de Gualeguay en 2017.
"Es una forma de cambiar costumbres ancestrales, de tener otra mirada y de aprender entre todos y tener la responsabilidad como funcionarios o empleados del Estado de poder capacitarnos en entender cómo respetarnos entre hombres y mujeres", destacó la senadora de Cambiemos Laura Rodríguez Machado.
Para remarcar la importancia de la nueva ley, la senadora cordobesa contó una anécdota de un pueblo de su provincia, donde todavía hay gente que conduce en contramano por una calle que cambió su sentido hace siete años, aunque cada vez menos, y reflexionó: "Imagínense si eso cuesta modificar una circunstancia tan mínima, para cambiar cuestiones ancestrales lo que necesitamos generar desde el Estado". A su turno, la justicialista Sigrid Kunath destacó que "este año sin duda ha marcado un hito en la visibilización de la desigualdad y la violencia de género" y agregó: "Creo en la educación como herramienta para ir desterrando los modos que responden al patriarcado".
En tanto, la kirchnerista Nancy González subrayó la importancia de la nueva norma e indicó que "los logros de esta ley se van a ver a largo plazo, no son logros que se vean inmediatamente". El proyecto establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías y en los tres poderes del Estado.
La capacitación de las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres que también certificará la calidad de las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo. Anualmente, el Instituto Nacional de las Mujeres publicará en su página web un informe anual sobre el cumplimiento de la ley, incluyendo la nómina de las altas autoridades que hayan sido capacitadas. Además, el organismo elaborará indicadores de evaluación sobre el impacto de las capacitaciones realizadas por cada organismo y los resultados deberán integrarán el informe anual. De acuerdo con el proyecto, las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas "serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación (el Instituto) a través y de conformidad con el organismo de que se trate".
En contra El diputado nacional Alfredo Horacio Olmedo (Salta Somos Todos), con mandato hasta 2019, fue el único que votó en contra del proyecto conocido como "Ley Micaela", que establece una capacitación obligatoria en materia de género para los funcionarios de los tres poderes del Estado, iniciativa aprobada ayer en la Cámara baja y girada al Senado. "He sido el único diputado nacional que he votado en contra de la ideología de género", escribió Olmedo en su cuenta de Twitter. Agregó: "Voy a seguir sosteniendo que Dios creó al hombre y a la mujer”. En el comienzo de la sesión, el salteño abrió la polémica con un discurso en el que pidió que se diera por caída la reunión por haber concluido el tiempo de espera reglamentario. “No cambio mis convicciones #NoALaIdeologiaDeGenero.
El caso que conmocionó a un país
La ley lleva el nombre de Micaela García, la joven asesinada en abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos. Por su muerte fue apresado Sebastián Wagner, quien confesó haber violado a Micaela y fue condenado a cadena perpetua por "abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por ser con alevosía, criminis causae y violencia de género". También sentenciaron a cinco años por "encubrimiento" a su ex jefe, Néstor Pavón. El proyecto se había presentado el 30 de mayo de 2017, cuando la Fundación Micaela García presentó un paquete de 13 proyectos de ley que apuntaban a establecer un marco normativo que fortalezca la instancia preventiva en casos de violencia de género.
