Tres personas quedaron detenidas en el marco de una causa por supuesta explotación laboral de menores de edad, que la semana pasada había sido rescatada una adolescente de origen boliviano a la que le habrían retenidos sus documentos y no podía regresar a su país de origen.
La causa se originó en Buenos Aires a partir de una información con la que contaba la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). Desde el Juzgado Federal local, a cargo de Miguel Ángel Contreras se ordenó que una serie de procedimientos que tuvieron como resultado el rescate de una joven de 17 años, quien estaba trabajando en un local comercial de la peatonal Rivadavia al 1000.
La investigación avanzó y tras la recolección de más pruebas, la División Trata de Personas de la Policía Provincial junto a personal de la Agrupación VIII realizó seis allanamientos durante la mañana de ayer. Los trabajos se extendieron hasta la siesta y dejaron como saldo la detención de tres personas (dos hombres y una mujer). Todos serían de nacionalidad boliviana y quedaron detenidos e incomunicados.
En forma paralela se hicieron los allanamientos, en los locales comerciales y en domicilios de los tres detenidos en los que se logró secuestrar un automóvil, teléfonos celulares, una computadora y "documentación de importancia", según señalaron las fuentes consultadas por El Ancasti.
Según la información a la que tuvo acceso este diario la joven hace aproximadamente un año habría viajado sola desde Bolivia para instalarse en esta ciudad y al poco tiempo comenzó a trabajar. Sus empleadores fueron las personas que ayer fueron detenidas.
Estos le retenían su DNI y el pasaporte, por lo que veía imposibilitada su salida de la provincia y del país.
La menor de edad quedó bajo resguardo y asistencia psicológica en tanto que los tres detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado Federal que en los próximos días resolverá la situación de cada uno.
Preocupantes cifras
Según la Encuesta de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes (EANNA) realizada a fines de 2017, en Argentina hay más de 1.100.000 menores de 18 años que participan en actividades económicas, productivas o domésticas intensivas, interrumpiendo su formación y desarrollo.
Ninguna tarea o actividad realizada por un niño debe interferir en su escolaridad, ya sea por privarlo de asistir a las clases, obligarlo a abandonar anticipadamente las aulas o exigir combinar la asistencia a la escuela con largas jornadas de trabajo pesado. Tampoco debe afectar su tiempo de juego y de descanso, ni debe ser peligroso y prejudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño.
