En junio pasado la seguridad del Corralón Municipal capitalino fue puesta en la mira luego que se secuestraran en Tinogasta motopartes de rodados que estaban secuestrados en ese predio.
En junio pasado la seguridad del Corralón Municipal capitalino fue puesta en la mira luego que se secuestraran en Tinogasta motopartes de rodados que estaban secuestrados en ese predio.
Desde la comuna admitieron la existencia de falencias en la vigilancia. "Encontramos algunos puntos oscuros en cuanto a la seguridad del Corralón que fueron solucionados para que no vuelva a suceder algo parecido", informó el fiscal municipal José Vila Melo.
En diálogo con El Ancasti, explicó que tras el secuestro de varios motores de motos -supuestamente compactados-, en Tinogasta a fines de junio, la Municipalidad realizó un relevamiento de las cámaras y los sistemas de seguridad del Corralón.
"Las cámaras de seguridad no tenían alcance a ciertas distancias y además, es muy puntual la forma mediante la cual pudieron haber sustraído y trasladado las motopartes para que no se pueda advertir nada en las filmaciones", agregó.
Dijo que paralelamente a la revisión de los sistemas de seguridad se inició una investigación administrativa interna que no arrojó resultados.
"Por lo pronto no pudimos identificar a los participantes de la maniobra. Por eso apenas supimos lo que pasó, le rescindimos el contrato a la empresa contratada", aseguró el fiscal.
En este contexto, consideró que es necesario aguardar los resultados de la investigación de la Justicia, y remarcó que "a partir de la pesquisa administrativa no hemos podido determinar si hubo o no (empleados) vinculados directamente con el ilícito".
Sin embargo, reconoció que hay “responsables objetivos", sobre lo que pasó, que estarían vinculados con la seguridad del predio.
Adelantó que en el transcurso de esta semana "es posible que tengamos novedades del caso, y en función de eso vamos a decidir si nos constituimos como querellantes o no". Señaló que la empresa tenía un contrato para desguazar completamente las motos –incluidos los motores y todas sus partes-, para luego destruir todo, y comentó que al tratarse de una empresa con base La Rioja, donde también se vendieron los motores de las motos, la Justicia de esa provincia también estaría investigando el ilícito.
"Al municipio no le cabe ninguna responsabilidad por lo que pasó. Hay personas que están sindicadas y podría surgir alguna responsabilidad a partir de la investigación penal", argumentó.
Hizo hincapié en que "hasta ahora solamente hay personas que están sindicadas. Y si después hay avances en la investigación, podría aparecer la responsabilidad de algún empleado en particular. Pero hay que esperar los avances de la investigación".
El hecho
Tras el secuestro de 28 motores de motos, por personal de la Policía de la Provincia y de Gendarmería el jueves 21 de junio en un control sobre la ruta nacional N°60, en el departamento Tinogasta, salió a la luz la comercialización ilegal de las motopartes en las localidades del interior de La Rioja y Catamarca.
Posteriormente se pudo conocer que entre 68 y 75 motores de motos que deberían haber sido destruidos por la empresa riojana Telestar -contratada por la Municipalidad de la Capital para la destrucción de motos acumuladas en el Corralón-, habían sido puestos a la venta con todas sus partes, en funcionamiento y de manera irregular e ilegal.n