En mayo pasado, el Gobierno de la Nación reglamentó la Ley Nacional 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, que había sido sancionada el año pasado. En este contexto, se había abierto un concurso para cubrir 24 cargos, uno por cada provincia, de defensor público de víctimas. Catamarca tuvo 60 aspirantes y recientemente se dio a conocer la terna.
La terna catamarqueña está conformada por la defensora oficial penal Mariana Vera, José María Sacheri y Felipe Otero Berger.
Esta nueva Ley Nacional da una respuesta a un continuo reclamo por parte de las víctimas, que no tienen representación oficial por parte del Estado. Cuando se promulgó la Ley de Víctimas, a fin de concederles derechos en el sistema penal, se crean 24 cargos, uno para cada provincia más Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El concurso para cubrir tales cargos se abrió el año pasado. En aquella oportunidad, hubo cerca de 60 inscriptos para Catamarca y luego de la instancia de evaluación de antecedentes quedaron alrededor de 21. Se rindió un examen escrito y aprobaron cuatro postulantes. Luego fue la instancia del examen oral; solo aprobó Mariana Vera y no se conformó la terna, como lo indica el reglamento de la Defensoría General de la Nación. Se volvió a llamar a los calificados en la instancia de antecedentes. Como Vera había aprobado, podía optar entre quedarse con su puntaje o volver rendir. Hace casi dos semanas, finalizó el nuevo examen oral y de esta manera quedó conformada la terna.
En ese marco, además, dispuso la creación del Observatorio de Víctimas del Delito. Este dispositivo se creará a partir de la reglamentación; se precisa que será "un organismo de monitoreo, seguimiento y análisis de las cuestiones relacionadas con las víctimas del delito, sus familias y entornos, con la finalidad de producir recursos útiles para la toma de decisiones en materia de política pública de víctimas del delito".
La reglamentación fue dispuesta mediante el decreto 421/2018, publicado el 9 de mayo último en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. En los considerandos, se remarca que "es deber del Estado fortalecer las políticas tendientes a garantizar a las víctimas de delitos un efectivo cumplimiento de sus derecho" y que, en ese sentido, "la sanción de la citada ley, denominada 'Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos' ha sido un avance en la materia". n
