La jueza de Control de Garantías de la Sexta Circunscripción Judicial de Recreo, Corina Pérez, declaró "nula de nulidad absoluta" la causa que investiga a cuatro efectivos policiales por el robo de ropa secuestrada por la Comisaría de Recreo, que actualmente están privados de la libertad.
Fuentes judiciales indicaron que la medida obedece a que en ningún momento de la pesquisa quedó probado que haya existido la rotura de un candado o que se haya ejercido violencia para ingresar al depósito donde estaba la ropa.
De esta manera, la calificación del hecho sería modificada y pasaría de “robo calificado” a “hurto agravado”.
La medida fue adoptada luego de que el miércoles 17 se realizara la audiencia de control de detención.
Se pudo conocer que la fiscal de la causa, Jorgelina Sobh, podrá apelar la medida, pero, según se informó, con la disposición de la jueza en las próximas horas debería poner en libertad a los cuatro policías imputados.
En la causa, los comisarios Javier Contreras, Raúl Vaquel, Hugo Martínez, Oscar Giménez y Marcelo Regalado fueron acusados del delito de "omisión en los deberes de funcionario público" y están en libertad.
Por otra parte, el oficial Gustavo Véliz, los agentes Walter Abad, Ismael Moya y el sargento Diego Cejas fueron imputados por robo agravado por su condición de integrantes de la fuerza.
Con la disposición de la letrada, la acusación de los detenidos debería ser modificada en las próximas horas.
El hecho
El robo de una importante cantidad de elementos, sobre todo de prendas de vestir, salió a la luz a mediados de septiembre tras la denuncia efectuada por uno de los comisarios actualmente imputados.
Según fuentes policiales, el cargamento de ropa estuvo guardado en un calabozo de la Comisaría Departamental de Recreo y pertenecía a un secuestro realizado en mayo del año pasado.
Entre otras cosas había vestimenta para hombres y mujeres, y calzados valuados en más de 2 millones de pesos.
La investigación de la causa en un primer momento estuvo a cargo de la fiscal de instrucción Duarte Acosta, pero después pasó a la fiscal Jorgelina Sobh, quien determinó que los jefes a cargo de la comisaría durante el período investigado -mayo de 2017- habrían incurrido en el delito de "omisión de los deberes de funcionario público".
En paralelo, desde la jefatura policial se dispuso el inmediato pase a disponibilidad de toda la cúpula oficial de la Unidad Regional N° 2 de Recreo y de los numerarios aprehendidos.
En aquel momento el jefe de Policía, Orlando Quevedo, aseguró que el accionar delictivo que se endilgaba a los policías le hacía sentir "vergüenza ajena porque nos toca desde muy cerca. No se puede entender que haya pasado esto en una comisaría, así que estamos muy avergonzados y muy molestos".
Se pudo conocer que la fiscal actual presentaría en las próximas horas un escrito apelando la medida dispuesta por el Juzgado de Control de Garantías y que por su parte la defensa de los detenidos exigiría que sean puestos en libertad.