La Justicia Penal Juvenil de Catamarca registra una fecha que marcó un antes y un después, y fue el motor que aceleró los cambios en relación con el abordaje de la niñez vulnerada y los chicos infractores a la Ley Penal. En la siesta del 9 de septiembre de 2011, Franco Ezequiel Nieva (16), Nelson Alfredo Orlando Molas (17), Nelson Nahuel Fernández (15) y Franco Alejandro Sosa (16) compartían una celda en la Alcaidía de Menores –ubicada en avenida Colón y Mendoza-. A modo de protesta habían incendiado un colchón y el fuego se esparció rápidamente. Las llamas los consumieron y murieron carbonizados.
Los policías Juan Carlos Reyes, Adrián Antonio Mansilla, Luis Alberto Leiva, Adriana del Valle Galván y Carlos Daniel Leiva fueron imputados por el delito de “homicidio culposo agravado por el número de víctimas fatales”. Ahora, el Juzgado Correccional de Primera Nominación debe disponer fecha para iniciar el debate.
Si bien las juezas de Menores Ilda Figueroa y Ana María Nieto fueron imputadas por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, el juez de Control de Garantías de Tercera Nominación, Ramón Porfirio Acuña, ordenó el sobreseimiento total y definitivo para ambas magistradas. Tras la Tragedia y la presión política que se generó con el correr de los días, las juezas solicitaron licencia y sus cargos fueron ocupados por dos nuevos magistrados.
En lugar de la jueza Figueroa, asumió el juez Fabricio Gershani Quesada, el 23 de septiembre de 2011 y, a principios de octubre, fue el turno del juez Rodrigo Morabito. Ambos magistrados impulsaron cambios, promovieron capacitaciones en materia de niñez y adolescencia y asesoraron a los legisladores provinciales para la sanción de la Ley Provincial 5.544 de Creación del Régimen de Procesal de Responsabilidad Penal Juvenil.
