Luego de siete años de la muerte de cuatro adolescentes en la Alcaidía de Menores, finalmente está todo preparado para que comience el debate en el Juzgado Correccional de Primera Nominación. Cinco policías están imputados por la trágica muerte de Franco Ezequiel Nieva (16), Nelson Alfredo Orlando Molas (17), Nelson Nahuel Fernández (15) y Franco Alejandro Sosa (16) y deben responder por el delito de “homicidio culposo agravado por el número de víctimas fatales”. Se estima que antes de fin de año se fijará la fecha.
Fuentes consultadas por El Ancasti indicaron que culminó la etapa de incorporación de prueba. En esta instancia, se agregaron testimonios y documentos por pedido de las partes y del Ministerio Público Fiscal.
Los cinco acusados son Juan Carlos Reyes, Adrián Antonio Mansilla, Luis Alberto Leiva, Adriana del Valle Galván y Carlos Daniel Leiva. Galván cuenta con la defensa de Silvia Barrientos. El abogado Luis Gandini patrocina a los imputados Mansilla, Reyes y Luis Alberto Leiva y Jorge Leonel Toledo defiende a Carlos Daniel Leiva.
En tanto que la querellante Nélida del Carmen Díaz es representada por los abogados Stella Nieva y Jonathan Rasjido; Roxana del Valle Silva y José Néstor Fernández son representados por Sergio Guillamondegui. Orlando del Señor Barrientos representa a Julio Argentino Molas y los abogados Javier Espinoza y Guillermo Altamirano patrocinan a Ana Mariel Mendoza. Todos ellos, los padres de las víctimas fatales de la “Tragedia de la Alcaidía”.
El horror se desató en la siesta del 9 de septiembre de 2011, cuando los cuatro adolescentes estaban alojados en una celda de la Alcaidía de Menores. A modo de protesta, pusieron un colchón en la puerta y lo encendieron. En minutos, las llamas causaron estragos y los chicos murieron calcinados con el correr de las horas.
En octubre de 2014, los fiscales Miguel Mauvecín y Marcelo Sago elevaron la causa a juicio. En abril de 2015, el juez de Control de Garantías Héctor Maidana confirmó la citación a juicio y la causa ingresó en el Juzgado Correccional de Primera Nominación.
El año pasado, Rosa Yapura, en un nuevo aniversario por esta tragedia, recordó a su hijo, Nelson Molas. “Fue algo muy cruel lo que pasó y no es fácil recordar esto. Sé que a mi hijo no me lo van a dar pero reclamo para que dejen de golpear (en las comisarías). El Estado me debe el derecho de Justicia. No hay causa que haga justicia. Mi hijo se murió carbonizado, pidiendo justicia por la crueldad con la que los trataban en la celda”, expresó.
Quizá pasados siete años de este fatídico hecho, cuando se fije fecha de debate y los acusados se sienten en el banquillo de los acusados, Rosa, como los otros padres y madres, sienta que al menos se escuchó su deseo de que haya justicia.
Cronología
El paso del tiempo en siete años
El 9 de septiembre de 2011, Franco Ezequiel Nieva (16), Nelson Alfredo Orlando Molas (17), Nelson Nahuel Fernández (15) y Franco Alejandro Sosa (16) compartían una celda en la Alcaidía de Menores –ubicada en Avenida Colón y Mendoza-. A la siesta, a modo de protesta, incendiaron un colchón. Las llamas los consumieron y murieron carbonizados.
En octubre de 2014, los fiscales Miguel Mauvecín y Marcelo Sago elevaron la causa a juicio.
En abril de 2015, el juez de Control de Garantías Héctor Maidana confirmó la citación a juicio. De esta manera, la causa ingresó en el Juzgado Correccional de Primera Nominación.
En 2016, el juez de Control de Garantías Ramón Porfirio Acuña ordenó el sobreseimiento total y definitivo de las ex juezas de Menores Hilda Ligia del Valle Figueroa y Ana María Nieto. En tanto que Javier Silva, ex ministro de Gobierno y Justicia, fue sobreseído por prescripción tras presentaciones de sus abogados.
Funcionarios acusados, pero sobreseídos
Además de los cinco policías imputados, las entonces juezas de Menores Figueroa y Ana María Nieto, junto con el ministro de Gobierno, Javier Silva, fueron acusados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. En septiembre de 2016, el juez de Control de Garantías de Tercera Nominación, Ramón Porfirio Acuña, ordenó el sobreseimiento total y definitivo de las ex juezas de Menores Ilda Ligia del Valle Figueroa y Ana María Nieto. En tanto que Javier Silva, ex ministro de Gobierno y Justicia, fue sobreseído por prescripción tras presentaciones de sus abogados.
El Ministerio Público había imputado a las magistradas por el delito de "incumplimiento en los deberes de funcionario público" y tras reunir elementos probatorios útiles para concretar la finalidad y objeto de la investigación penal solicitó el sobreseimiento total y definitivo para ambas ex magistradas. Esto al no encontrar elementos de probabilidad que exige el sistema para dar base a la acusación.
Tras su resolución el Ministerio Público envió el expediente al Juzgado de Control de Garantías de Tercera Nominación solicitando el sobreseimiento y el cierre total y definitivo del proceso. El Juez Ramón Porfirio Acuña hizo lugar al pedido del fiscal y actuó en consecuencia.
"Ha quedado demostrado que las internaciones (de los adolescentes) y medida cautelares dispuestas por los imputadas Figueroa y Nieto, en el ejercicio de la jurisdicción de menores, tuvieron una clara finalidad protectora integral de asistencia, reeducación y resocialización de los menores, propia del proceso de menores, y en el marco de la normativa provincial, nacional y supra nacional de aplicación en la especie", fundamentó el magistrado.
En este sentido, Acuña consideró las ex juezas que preservaron "los Derechos y Garantías de los Menores, esto es el debido proceso legal de la Minoridad". Además, destacó que se demostró “la total y absoluta incompetencia funcional de las imputadas para determinar el lugar de alojamiento, guarda y custodia de los menores, como también sobre las condiciones edilicias y de seguridad de los referidos lugares toda vez que dicha facultad se corresponde con las competencias de las autoridades superiores del Estado provincial, las cuales exceden largamente la del órgano jurisdiccional de menores”.
