El debate por la muerte de Ariel Fuenzalida (17) en diciembre de 2015, en Andalgalá, que tiene en el banquillo de los acusados al ex agente Omar Vergara, imputado por “homicidio calificado”, llegó a la instancia de alegatos. La semana pasada en la Cámara Penal de Segunda Nominación declararon 11 testigos. Para hoy se tiene previsto que las partes aleguen. Por parte del Ministerio Público Fiscal se encuentra Gustavo Bergesio; la querella y la acción civil están a cargo de Silvia Barrientos. En tanto que Víctor García desempeña la defensa del acusado.
La imputación de Vergara prevé una pena, de acuerdo con el artículo 80 inciso 9, de prisión perpetua al que matare, abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario. En enero de 2016 se le dictó la prisión preventiva y desde entonces está privado de su libertad en el Servicio Penitenciario de Miraflores, Capayán.
La semana pasada declararon cuatro ex compañeros de la Comisaría de Andalgalá, dos vecinos, la médica que recibió aún con vida al adolescente malherido, el médico forense que practicó la autopsia, una experta en Criminalística y el entonces jefe de la División Homicidios de la Policía de la Provincia, Ricardo Escalante. Vergara se abstuvo de declarar pero, de todas maneras, se leyó lo que había declarado en la etapa de investigación. Esa madrugada portaba una escopeta Ithaca y perseguía a Fuenzalida y a otro joven, sospechados de haber entrado a robar en una casa. Los sospechosos se habían escondido bajo un auto. Vergara forcejeó con Fuenzalida. “El arma se disparó. Me puse mal. Fue un accidente. No produje el disparo”, había dicho.
En las dos primeras audiencias declararon sus ex compañeros, Víctor Chaile, Roxana Flores, Juan Romero, Sergio Molina y Graciela Lizárraga.
“Se me escapó un disparo”, había expresado Vergara, según contaron estos testigos. “Lo vi muy shockeado y nervioso. Se agarraba la cabeza. Dijo que se le escapó un tiro”, agregaron.
En este contexto, los policías manifestaron que en su formación casi no tuvieron capacitación en el uso de armas largas y que suelen trabajar con pocos recursos. “Es un trabajo muy condicionado y seguimos trabajando así”, contaron.
A su turno, declararon expertos, quienes aseguraron que el arma era “celosa”. Lorena Paola Arréguez, experta en Criminalística y perito de la Corte de Justicia, destacó que el disparo fue “involuntario” y consideró que para manejar un arma de fuego “es fundamental saber usarla” y que si la Ithaca hubiera tenido el seguro, “se hubiese evitado”. Escalante declaró que este tipo de arma tiene un problema: “El disparador es sensible. No es necesario apretar, alcanza con un golpe (para que dispare)”, explicó. A la vez, remarcó que estas armas tienen seguro pero que hay que cerciorarse de que este funcione porque “los pasantes (del seguro) se desgastan con el tiempo”.
Luego de escuchar los alegatos, posiblemente los camaristas Luis Guillamondegui, Jorge Álvarez Morales y Rodolfo Bustamante emitan un veredicto. De no haber tiempo, se dará a conocer mañana.
Un procedimiento policial "mal hecho", sin oficial.
Al margen de la idoneidad por parte de la Policía en el uso de armas largas, los testigos pusieron de manifiesto que esa madrugaba el procedimiento policial estuvo “mal hecho”. El oficial de servicio, Flavio Ignes, no estaba en la Comisaría. Cuando se enteran de que “había pasado algo grave” se lo empezó a buscar por las oficinas de la Comisaría y no se lo encontró. “Estaba en su casa y pidió que el móvil vaya a buscarlo. Vive como a dos kilómetros de la Comisaría. Debió haber estado en la guardia porque estaba de servicio”, se declaró. A menos de dos años de este caso, “hoy cuando salen los móviles y se usan las Ithacas, sí sale un oficial a raíz de esto”, se testificó.
Esta declaración coincidió con la de una testigo, Natalia Sánchez, nieta de la mujer en cuya casa Ayosa y Fuenzalida habían ingresado a cometer un ilícito. La casa de esta joven se encuentra a casi cuatro cuadras de la casa de su abuela. Esa mañana la habían llamado para pedirle que se hiciera presente en la casa de su abuela porque se había producido un robo y había una persona muerta. Cuando la joven llegó a la casa de su abuela y se dio con todo un despliegue policial, llegó a escuchar que circulaba un comentario: “El procedimiento (policial) estaba mal hecho, dijo la fiscal”, recordó Sánchez. Tras el comentario, se decía que “estaba mal hecho porque no estaba el oficial de servicio”, detalló.
