Una fuerte polémica se desató en el ámbito de la Fiscalía Federal tras conocerse la designación de dos nuevas empleadas que no venían prestando servicio en el Ministerio Público Fiscal y que fueron designadas arbitrariamente.
La presentación fue enviada ayer a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. En el escrito se solicita que se "arbitren las medidas necesarias" para que se anule la designación de una abogada que fue convocada para cubrir la vacante de una jefatura en el ámbito de la Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, que tiene a cargo al fiscal Rafael Vehils Ruiz.
"La designación que se impugna, claramente vulnera las legítimas expectativas de la totalidad de los empleados del Ministerio Público (...) se cercena la posibilidad de ascenso al cargo inmediato superior...", reza un fragmento del planteo.
Además se criticó que el cargo vacante haya sido cubierto por una persona que recientemente fue incorporada como adscripta, sin respetar la antigüedad de otros empleados, abogados, quienes cuentan con planta permanente en el organismo.
"La mencionada profesional no rindió ningún concurso para el ingreso democrático y que su contratación se efectúa en un cargo superior del escalafón y no en el cargo inicial", manifestaron en el texto al que tuvo acceso a El Ancasti.
A su vez resaltaron otro caso idéntico que ocurrió meses atrás con otra empleada que "sin ninguna antigüedad en el Ministerio Público Fiscal, ni título profesional, ni habiendo rendido concurso de ingreso alguno", también fue seleccionada para un alto cargo.
Esta situación fue puesta en conocimiento del secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN).
