El Juez Federal Ricardo Moreno indagó a la pareja implicada en la causa de las recetas "truchas" y tenencia de estupefacientes, luego de que personal de la Dirección Drogas Peligrosas secuestrara medio kilo de cocaína y 500 recetas apócrifas en su vivienda.
La primera indagatoria se llevó a cabo el viernes pasado, en el Juzgado Federal.
En esa oportunidad, el hombre imputado, Carlos David Brizuela, de 46 años, decidió abstenerse de prestar declaración por recomendación de su abogado particular
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Luego, el lunes pasado, fue el turno de Marian Elizabeth Rasguido, esposa del sujeto, quien optó por desligarse del caso y aseguró desconocer que su marido tenía en su vivienda la dosis mencionada de droga y la inmensa cantidad de recetas truchas.
Rasguido en el momento del allanamiento, el lunes 27 de marzo, contó con que el Juez Moreno ordenara que quedara arrestada en el domicilio supeditada a la causa.
Sin embargo, al momento de hacer el requerimiento de indagatoria, el fiscal Santos Reynoso advirtió una serie de elementos que permitieron crear las sospechas necesarias para pedir la detención e indagatoria de la mujer, en base a la imputación mencionada.
Por el momento, ambos seguirán detenidos hasta que el juez Moreno emita su resolución y determine si siguen en esa condición o si son dejados en libertad. Moreno podría emitir la resolución el próximo lunes.
Brizuela y Rasguido se encuentran imputados por el delito de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización" y "falsificación de documento privado", por las recetas falsificadas.
En un primer momento el caso llamó la atención de la justicia ya que las recetas falsas poseían firmas de profesionales médicos que eran de extraña jurisdicción, ajenos a esta provincia.
En este sentido, la labor para los investigadores fue compleja y se tuvo que requerir información a la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).
Así, con la base de datos que manejaba el organismo, desde la Justicia Federal local se pudo determinar que los médicos serían oriundos de la provincia de Buenos Aires y de Córdoba, respectivamente.
Desde ese momento, desde el Juzgado Federal se solicitó información respecto de los datos de los profesionales médicos para determinar si los detenidos lograron en realidad falsificar sus firmas, sin que éstos siquiera lo supieran.
