La Cámara de Apelaciones deberá resolver en la causa del Achachay tras una medida planteada por el Juez de Control de Garantías Ramón Porfirio Acuña, quien encontró una serie de irregularidades. La media fue apelada por el fiscal instructor de la causa, Víctor Figueroa, quien además defendió la pesquisa en la que se logró la imputación de dos personas, padre e hija, quienes fueron sindicadas de estafar a varias personas.
Según la información a la que accedió este diario, el Juez de Control de Garantías abrió el control jurisdiccional en la causa tras el planteo realizado por la poseedora de un terreno que se habría visto avasallada por policías y sumariantes en el marco de la investigación.
En el proceso de control el juez advirtió una serie de irregularidades y nulidades en el expediente y puso en conocimiento al fiscal investigador.
El fiscal Víctor Figueroa apeló la medida y defendió la investigación. Según trascendió, el fiscal habría basado su apelación en que el juez no tendría las facultades para realizar tal procedimiento, solo la Fiscal General tendría ese poder.
Según se conoce, Fiscalía General puede abrir un comparendo si existe una denuncia de este tipo y solicita el expediente. Y si encontrara alguna irregularidad actuaría en consecuencia.
El conflicto
El conflicto con los terrenos del Achachay había salido a la luz cuando familiares directos de los propietarios originales de las tierras, a principios de mayo de 2016 intimaron y persuadieron a las familias -muchas de ellas instaladas hace 20 años aproximadamente- para que desalojen el lugar o entreguen otros bienes para que puedan continuar en sus viviendas y terrenos. Ante la resistencia de los vecinos les ofrecieron arreglos extrajudiciales, sin embargo los vecinos esperaban que la Justicia resolviera la situación, ya que aseguraban haber comprado los lotes de buena fe.
En el marco de la causa el fiscal imputó a un sujeto de apellido Álvarez y a su hija por haber vendido los terrenos a los centenares de vecinos que los compraron en buena fe.
La causa
Los herederos de las familias Lockman y Bracamonte serían los propietarios legítimos de las tierras donde está asentado el barrio Achachay.
Los más de 300 damnificados aseguran tener posesión veinteañal, por ende, no pueden ser despojados de sus bienes adquiridos.
La causa tiene a dos imputados. Padre e hija acusados de vender los terrenos.
Una de las poseedoras denunció avasallamiento de la Judicial. El Juez Acuña inició el control jurisdiccional y encontró irregularidades. El fiscal apeló.
