El abogado del ex gobernador Eduardo Brizuela Del Moral no apelará la medida del Juez de Control de Garantías Ramón Porfirio Acuña de rechazar el sobreseimiento de su defendido en la denominada causa "Tragedia de El Rodeo”. En paralelo, consintió lo dictaminado por el juez en relación con la celeridad de la causa y a los 30 días estipulados como plazo para tal fin.
Según la información a la que accedió este diario el abogado Enrique Lilljedahl realizó la presentación ayer en el Juzgado de Control de Garantías Nº3. En el escrito el abogado consintió la sentencia del Juez y manifestó su expresión de no apelar por dos razones. Una de ellas para no dilatar el proceso por los 30 días que había fijado el juez al fiscal y porque el fallo del magistrado no contradijo ninguno de los argumentos sobre el pedido de sobreseimiento.
La semana pasada el juez había notificado al fiscal subrogante que instruye la causa que en un plazo de 30 días resuelva las imputaciones de los involucrados. En paralelo había resuelto no hacer lugar al pedido de sobreseimiento solicitado para el ex mandatario y el pedido de nuevas pericias solicitadas por los defensores de otros imputados. Lo relevante de la resolución de Porfirio fue el plazo para la fiscalía, 30 días a partir de la notificación. En ese lapso deberá resolver la situación de todos los imputados por la complejidad de la causa y la cantidad de involucrados que tiene, como el tiempo transcurrido
Los imputados
Son catorce en total los acusados en la causa.
Las imputaciones son las de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "homicidio culposo por mala praxis profesional", ambas excarcelables y con penas que incluyen inhabilitación especial. El ex gobernador y diputado nacional Eduardo Brizuela del Moral, el ex intendente rodeíno Félix Casas Doering, los ex administradores de Vialidad Provincial Néstor Rosales y Jorge Solá Jais, y el secretario de Recursos Hídricos, Juan Negui están imputados por "incumplimiento de los deberes de funcionario público", que prevé una pena de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo". Los ingenieros civiles que trabajaron en el diseño y en la construcción del "Puente de El Mástil" fueron acusados por el delito de "homicidio culposo por mala praxis profesional". Es el caso de Luis Dal Bon, Elías Seleme, Hugo Zurita, Miguel Ángel Villafáñez, ingenieros pertenecientes a la Administración de Vialidad Provincial, y los ingenieros de la empresa constructora Mogetta, que tuvo a cargo el diseño y la ejecución de la obra cuestionada.
