El pasado miércoles, la Cámara Penal de Tercera Nominación condenó a Yésica Paola Ferreyra (30) y a Ángel Ariel Leguizamón (32) a la pena de prisión perpetua, tras haber sido hallados responsables del delito de “homicidio agravado por alevosía”. La defensa de Ferreyra adelantó que pedirá la prisión domiciliaria, a efectos de que los hijos de esta pareja, que tienen entre cuatro y 10 años, puedan estar cerca de su madre.
El crimen por el que Ferreyra y Leguizamón deben purgar la pena máxima sucedió en julio del año pasado. El hombre mató, de varias puñaladas, a Jorge Herrera, quien había tenido una relación con la joven.
La pareja fue detenida a las pocas horas del crimen y desde entonces están privados de la libertad, él en el Servicio Penitenciario de Miraflores, Capayán, y ella en el Correccional de Mujeres, en Capital.
Sin nadie que cuide a los hijos, fueron alojados en la Casa Cuna, mientras se buscaba a algún pariente que los pudiera recibir en su casa. Al no haber familiares en Catamarca que pudieran hacerse cargo de los niños, surgió la posibilidad de que el abuelo materno, que reside en Santiago del Estero, se hiciera cargo pero no hubo posibilidad. Una hermana de Ferreyra, que vive en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, aceptó cuidar a sus sobrinos pero si ellos eran trasladados a esta localidad de la Costa Atlántica.
Valeria Olmedo, letrada auxiliar de la Defensoría Penal Nº 3 –que ejerció la defensa de Ferreyra en este proceso-, comentó que es viable que una mujer privada de la libertad pueda cumplir la pena de manera domiciliaria, “más en la situación de Yésica Paola Ferreyra, que es madre de tres niños menores de edad”. La defensora remarcó que solo uno de ellos estaría contemplado en el requisito legal ‘de madre de niño menor a cinco años’ pero también tiene otros dos niños pequeños y esta situación podría ayudar para que le dieran la prisión domiciliaria, en virtud de convenciones internacionales como la de los Derechos del Niño. Esta Convención contempla que son niños hasta los 18 años.
“Ella debería, por razones de equidad y justicia, cumplir su pena en prisión domiciliaria. Su caso está contemplado en una Ley Provincial, en el Código y en la Ley de Ejecución Penal. Tenemos una norma con jerarquía constitucional que es la Convención de los Derechos del Niño, que pone el foco en el interés superior de los niños. Deberían intervenir, y activamente, otros organismos, como el área de Niñez y Adolescencia. Los chicos fueron llevados, hace más de un año, a Mar del Plata, Buenos Aires.
No sabemos con certeza en qué situación están ni tampoco nos comunicamos ni se comunicaron ellos. Los chicos están sufriendo por la lejanía de ambos padres desde julio de 2016. Prácticamente tienen un escaso y un nulo contacto”, remarcó.