El Juez de Control de Garantías Nº3, Ramón Porfirio Acuña, ordenó el sobreseimiento total y definitivo de las ex Juezas de Menores Ilda Ligia del Valle Figueroa y Ana María Nieto, en relación con el luctuoso hecho ocurrido en la Alcaidía Policial en donde murieron calcinados Franco Nieva (16), Nelson Molas (17), Nelson Fernández (15) y Franco Sosa (16), en septiembre de 2011.
El Ministerio Publico las había imputado del delito de "incumplimiento en los deberes de funcionario público" y tras reunir elementos probatorios útiles para concretar la finalidad y objeto de la investigación penal solicitó el sobreseimiento total y definitivo para ambas ex magistradas. Esto, al no encontrar elementos de probabilidad que exige el sistema para dar base a la acusación.
Tras su resolución el Ministerio Público envió el expediente al Juzgado de Control de Garantías Nº3 solicitando el sobreseimiento y el cierre total y definitivo del proceso. El Juez Ramón Porfirio Acuña hizo lugar al pedido del fiscal y actuó en consecuencia.
El Ancasti tuvo acceso a los fundamentos de la medida ordenada por el juez y entre lo que se destacó que conforme surge en la causa, "ha quedado demostrado que las internaciones (de los adolescentes) y medida cautelares dispuestas por los imputadas Figueroa y Nieto, en el ejercicio de la jurisdicción de menores, tuvieron una clara finalidad protectora integral de asistencia, reeducación y resocialización de los menores, propia del proceso de menores, y en el marco de la normativa provincial, nacional y supra nacional de aplicación en la especie", señala el magistrado.
En este sentido, Acuña también es claro en sus alocución en cuanto a la actuación de las ex juezas y puntualiza que "también ha quedado demostrado en autos que la jurisdicción de menores a cargo de las imputadas, mediante audiencias fijadas al efecto, con plena inmediación e intervención de los menores y respectivos progenitores, han sido resueltas las distintas medidas cautelares y protectorias a favor de los mismos, y en su posterior notificación al Ministerio de Menores, preservando de tal modo los Derechos y Garantías de los Menores, esto es el debido proceso legal de la Minoridad".
Finalmente el juez es crítico y puntualiza en sus fundamentos que "corresponde destacar, que también se ha demostrado en autos, la total y absoluta incompetencia funcional de las imputadas para determinar el lugar de alojamiento, guarda y custodia de los menores, como también sobre las condiciones edilicias y de seguridad de los referidos lugares toda vez que dicha facultad se corresponde con las competencias de las autoridades superiores del Estado Provincial, las cuales exceden largamente la del órgano jurisdiccional de menores”.
Grave
Además de las renuncias de las ex juezas, la Tragedia provocó la renuncia del jefe de policía Francisco Soria, la plana mayor, y del subsecretario de Seguridad Luis Baracat.
Policías esperan el juicio
Los policías Juan Carlos Reyes, Adrián Mansilla, Luis Leiva, Adriana Galván y Carlos Leiva imputados por el delito de "homicidio culposo agravado por el número de víctimas" por la muerte de los adolescentes, a 5 años del luctuoso hecho, aún esperan la fecha de juicio.
En abril del año pasado el juez de Control de Garantías N° 1 Héctor Maidana confirmó la citación a juicio y la causa ingresó en el Juzgado Correccional N° 1. Éste se encuentra en la etapa de apertura de pruebas
Javier Silva, ex ministro de Gobierno, fue sobreseído por prescripción tras presentaciones de sus abogados.
