La Municipalidad de la Capital presentó ayer en fiscalía general, a través de sus asesores legales, una denuncia penal formal contra los motoqueros que el lunes pasado causaron daños y se condujeron violando todas las normas viales.
Es por los supuestos delitos de "picadas ilegales” e "intimidación pública”. Se aportó como prueba un CD con grabaciones de las cámaras de seguridad del municipio.
La presentación fue realizada ayer en horas del mediodía, impulsada por el fiscal municipal José Ernesto Vila Melo y Julio César Córdoba, director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca (SFVC).
En la denuncia penal se anexó un CD con filmaciones de las cámaras de seguridad sobre el desplazamiento de los motoqueros, que desde hace un tiempo a esta parte los vecinos de la ciudad Capital deben padecer. Según la presentación judicial, los sujetos se concentran en grupos de hasta 150 motociclistas que realizan diferentes recorridos por las avenidas capitalinas.
Según el documento, los motoqueros "utilizan las calles y demás espacios públicos de la ciudad como verdaderos circuitos callejeros para sus raides de madrugada. Esto deberá ser corroborado por la investigación, y es que existen numerosos casos de rotura de vidrieras, de parabrisas de automóviles, abolladuras en la chapa de los automóviles y robo a eventuales peatones”.
A esto debe sumarse que los "motoqueros" son los autores de numerosas infracciones contravencionales, como circulación sin casco, sin carné habilitante, vehículos que muchas veces no cumplen con requisitos básicos para circular, circulación a contramano, cruce de semáforos en rojo y ruidos molestos.
No obstante, agrega el documento, los "verdaderos delitos que son llevados a cabo por estas bandas de motoqueros, que aterrorizan a los vecinos de nuestra ciudad, y los peatones y/o automovilistas que se cruzan en su camino, es la realización de picadas ruidosas y las pequeñas giras cuya principal finalidad y estímulo pasa por realizar actos vandálicos".
Los videos que se adjuntan muestran a los grupos de motoqueros ocupando la totalidad de la calzada de las calles y avenidas por las que circulan y obligando a los transeúntes y automovilistas a tirarse a un lado o a la banquina para evitar sufrir daños, además de circular a altas velocidades y realizando maniobras de alta peligrosidad.
Para el Municipio, este "ritual de paseo en 'pandilla' debe ser erradicado antes de que tengamos que lamentar perjuicios mayores o incluso muertos. Debe investigarse la forma en la que los sujetos se comunican y organizan estas juntadas delictivas. Si es que lo hacen a través de redes sociales o mensajería celular. Seguramente esto permitirá detener a los cabecillas y responsables del accionar de estas bandas".
La denuncia será girada en las próximas horas al fiscal en turno, Mauricio Navarro Foressi.
Penas de hasta 10 años de prisión
Desde el municipio se aguarda que desde la Justicia se logre dilucidar la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 211 y 193 bis del Código Penal, que establece penas de hasta 10 años de prisión.
El primero, el delito de intimidación pública, englobado en los denominados delitos contra el orden público, prevé prisión de dos a seis años, al que infundiera un temor público o suscitara tumultos o desórdenes y amenazara con la comisión de un delito de peligro común.
Por su parte, el artículo 193 bis que versa sobre los delitos contra la seguridad pública y del tránsito y de los medios de transporte, establece condenas de entre seis meses y 3 años e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena, al conductor que creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas.
Esto, mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo automotor, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente.
La misma pena se aplicará a quien organizare o promocionare la conducta prevista en el presente artículo, y a quien posibilitare su realización por un tercero mediante la entrega de un vehículo de su propiedad o confiado a su custodia, sabiendo que será utilizado para ese fin.
En consonancia, desde el Municipio se impulsó la aplicación de multas para los tutores o padres de menores que se encuentren siendo partícipes de este tipo de picadas.
