Tras la denuncia de uno de los choferes de ambulancias del hospital Liborio Forte, donde acusa a directivos y otros empleados de hacerle cobrar a él el abono de las guardias médicas correspondientes a los profesionales, se barajó ayer la hipótesis de que su caso no sería el único y que el proceso ilegal se haría para evitar que los médicos se excedan y abonen impuesto a las ganancias. La fiscal Virginia Duarte comenzó a tomar testimonios ayer y el abogado patrocinante del chofer, Ariel Salavarría contó que su pupilo debió radicar una denuncia por amenazas contra la denunciada, Gisel Dino, y tres sujetos más que fueron supuestamente a "apretarlo” para que se desdiga.
Salavarría contó que el hombre denunció el caso tras tomar conciencia de que, al callarse, podría estar incurriendo él mismo en un delito. "Él cobra un magro sueldo como chofer. En 2015, la directora del hospital, de apellido Dino, lo habría llamado a su despacho para explicarle que recibiría un recibo de sueldo extra en donde constarían los abonos de guardias médicas que le corresponden a los profesionales, pero que ese dinero debía cobrarlo él y dárselo personalmente a ella.
El chofer, temeroso de lo que pudiera pasarle, ya que temía quedar sin trabajo y tenía que sostener a su esposa que estaba muy enferma, cedió, sobre todo porque Dino le habría asegurado que el Ministro de Salud estaba al tanto de eso y no habría ningún problema. No obstante, con el pasar de los meses comenzó a sentirse incómodo y decidió contarle su caso a un profesional, quien lo asesoró sobre el delito en el que él mismo estaría incurriendo si seguía callando.
La fiscal Virginia Duarte comenzó ayer a abordar la denuncia y tomó varios testimonios, sobre todo teniendo en cuenta que serían más los empleados rasos que habrían sido usados del mismo modo. Asimismo, se comenzó a barajar la hipótesis de que este cobro irregular se haría para que los médicos eviten pagar impuesto a las ganancias, situación que, en caso de comprobarse, podría dejarlos sujetos a un delito federal.
El chofer habría radicado una nueva denuncia el miércoles a la noche, luego de que personas que él conoce fueran a exigirle y amenazarlo para que retire la primera denuncia. Para que haga esto le habrían ofrecido dinero, pero no trascendió la suma. También habrían ido "visitando otras casas” en donde habría otros empleados que ellos habrían involucrado en el proceso ilegal.
Por su parte, en diálogo con EL ANCASTI, el ministro de salud Ramón Figueroa Castellanos aseguró que no estaba al tanto de la denuncia, al menos formalmente. "Solo sé que desde la fiscalía se hizo llegar un oficio para que se informe sobre detalles y hablé con los abogados del hospital de Recreo para que se pongan a disposición de la Justicia”, dijo.
En este contexto trascendió que cuando la Justicia fue a buscar la documentación pertinente, los libros donde se asientan los viáticos habrían desaparecido.
La denuncia, que se hizo pública ayer, habría causado conmoción en el área de Salud. Según trascendidos, este mismo método se estaría practicando en otras áreas programáticas.
