Cajeros que vendían órdenes de consulta "truchas”. Empleados sospechados de haber "facilitado” el cobro de expedientes iniciados por proveedores. Remedios oncológicos que fueron comprados por un valor que representaba el triple que el que se lograba en el mercado. Falsos médicos que cobraban por órdenes de consulta de la obra social y médicos reales que facturaban por atender 30 veces al mes a un afiliado, además de auditores ambiciosos que demandaban el "retorno” para aprobar la utilización de aparatología específica para diagnosticar enfermedades.
Todo este festival de corrupción ocurría en un mismo ámbito: la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP).
En el medio de esta marea de dinero que (se sospecha) se pagaba para obtener una habilitación, para cobrar un expediente, para cobrar las órdenes de consulta o para conseguir una prótesis, están los afiliados. La gente que cada vez que ingresa a la obra social llega para buscar mejorar su salud.
La denuncia contra el auditor Ruartes Coronel fue radicada por Julio Prieto, el ex director que también fue denunciado y enviado a juicio oral y público, para establecer si conocía de las supuestas irregularidades en la obra social y no hizo nada por denunciarlas.
La corrupción dentro de la OSEP era insostenible y la puso al borde del colapso en 2013. Hubo que hacer una inversión millonaria (40 millones de pesos de adelantos de utilidades por regalías mineras para frenar la deuda con el Círculo Médico) y hubo que hacer una "limpieza” en el plantel de empleados y de funcionarios, amplios conocedores del sistema burocrático dentro del organismo.
