La falta de espacios en general, el estado de los baños, la humedad en las paredes del interior de las oficinas, armarios en los pasillos, la falta de acceso para las personas con discapacidades, la inseguridad de los pisos y escaleras solo resguardadas con endebles barandas, la falta de un estricto control en el lugar y la interminable invasión de cucarachas son una mínima parte de la realidad del edificio en donde funcionan las 9 fiscalías penales. El inmueble está ubicado en Junín al 600 y funcionan allí desde 2001.
En el lugar conviven a diario alrededor de 200 personas entre fiscales, empleados de cada fiscalía, sumariantes que visitan a diario el lugar, público en general, detenidos, familiares de éstos, policías y abogados litigantes.
La inseguridad: si bien hace por lo menos un año en la puerta de ingreso se instaló un detector de metales y se apostó un escritorio para el personal policial de consigna, esto es casi obsoleto. El detector no funciona y al lugar ingresa cualquiera persona; el policía solo registra a aquel que va a cumplimentar con su firma en alguna fiscalía. No se solicita documento ni ninguna identificación.
Entre la planta baja, el primero, segundo piso y en los pasillos se convive con los detenidos y los policías que los custodian, esto ante la falta de una alcaidía en donde ubicarlos hasta tanto sean requeridos para sus trámites judiciales.
Las oficinas
Las oficinas de las fiscalías no tienen ventilación, las paredes que dan a los pasillos son de vidrio representando un peligro ante algún hecho violento en las afueras. Los pasillos de los pisos y las escaleras están protegidos con inseguras barandas, algún imputado o familiar de éste pueden empujar a algún empleado o funcionario de las escaleras.
En noviembre de 2011 un joven ingresó al segundo piso y amenazó con arrojarse si es que no recibía atención en forma inmediata. El individuo era adicto a las drogas y requería atención. Fue contenido por dos fiscales que lograron que desistiera de su acción pero se vivió un tenso momento.
Los baños, que se encuentran en un estado calamitoso, son compartidos por el personal en general, los detenidos y público. Solo los baños de mujeres están cerrados con llave y ésta se encuentra en poder de los empleados.
Las paredes de las oficinas se encuentran humedecidas por lo cual se caen los revoques sin descontar los problemas con la energía eléctrica.
La salida de emergencia del lugar es irrisorio. Su habilitación fue tras el violento desorden ocurrido en septiembre de 2012 cuando la familia de Centeno arremetió contra la fiscalía y los empleados debieron resguardarse en el techo para no ahogarse con el humo.
Desde los gremios judiciales se solicitaron soluciones para el lugar sin respuestas hasta el momento. Según había trascendido, la Corte de Justicia había solicitado a los gremios que buscaran un edificio que esté apto para alquilar. Hoy todo sigue igual.
DEPLORABLE
En el edificio funcionan nueve fiscalías. Cada una tiene entre 5 y 8 empleados más el fiscal y su secretario. La falta de espacio es el principal problema. Conviven en un solo lugar secretario de fiscalía, administrativos y la mesa de entrada. Las audiencias son escuchadas por los propios empleados porque el lugar no sobra.
En el segundo piso placares y bibliotecas descansan sobre los pasillos impidiendo la fácil circulación.
Los detenidos llevados para indagatorias son ubicados en las sillas del primer piso, todos juntos. En varias oportunidades hubo enfrentamientos entre ellos.
El detector de metales no funciona y cualquiera ingresa al lugar pues no se exige identificación.
El 1 de abril pasado una mujer sufrió lesiones luego que se desprendiera mampostería de la fachada del edificio de Fiscalía General.
Durante todas las semanas se registran manifestaciones y reclamos frente al edificio. En varias oportunidades se dañaron y rompieron vidrios por lo que se colocaron rejas.
