En una entrevista telefónica brindada a El Ancasti, Maldonado aclaró que no se presentó a la indagatoria por encontrarse en Buenos Aires por problemas de salud y que solicitó una prórroga al fiscal de la causa, Víctor Figueroa.
En una entrevista telefónica brindada a El Ancasti, Maldonado aclaró que no se presentó a la indagatoria por encontrarse en Buenos Aires por problemas de salud y que solicitó una prórroga al fiscal de la causa, Víctor Figueroa.
"Yo tengo un certificado del banco que me dice que este señor (por el denunciante) estaba en mora, y como indica el artículo 39 de la Ley de Prenda, el que autoriza a ejecutar es el contrato prendario. Con el certificado de prenda se ejecuta, el deudor no es parte. Se remata y si se considera perjudicado debería iniciar un juicio ordinario, porque el problema es con el banco", explicó.
El cliente y damnificado se enteró de esta situación cuando el automóvil, por el cual y según su versión estaba al día en el pago, fue secuestrado y posteriormente rematado. Ante esto realizó la denuncia penal contra la entidad bancaria.
Según explicó la abogada la mora era de tres meses, de acuerdo con el informe enviado desde el banco. "Fuimos a ver el expediente de la ejecución al Juzgado de Ejecución y Comercial y él nunca hizo una presentación de recibos de pago", detalló. "Nosotros hacemos 700 secuestros prendarios por mes, pero nunca tuvimos un problema así", dijo.
El fiscal Figueroa imputó a Maldonado de Piccione y a su colega Lucas Retamozo y ayer estaban citados para la indagatoria pero ambos solicitaron prórroga.
"Quiero ver qué me imputan, tengo la certeza de que no cometí ningún delito. Esto no va a quedar así, lamentablemente yo no entiendo nada. Es una falsa denuncia, una denuncia mentirosa, todos los pasos que dimos fueron dentro de la ley", concluyó manifestando Maldonado de Piccione.
En base a la investigación realizada desde la fiscalía de instrucción N° 1 surgieron como presuntos responsables Maldonado de Piccione y Retamozo. Éstos habrían obrado bajo las órdenes de un directivo del banco Santander Río. Esta persona, quien reside en Buenos Aires, podría ser citada también en la causa.
Aída Maldonado de Piccione fue Fiscal de Estado durante la gestión como gobernador de Oscar Castillo, entre 1994 y 1995. Fue directora de Asesoramiento Jurídico en la Municipalidad de la Capital, diputada entre 2001 y 2005, entre otros cargos que ostentó.