En una nueva jornada por el debate que tiene como imputado al ex juez federal Felipe Terán, prestaron declaración empleados y ex funcionarios tucumanos, los cuales reconocieron que se vieron desbordados ante el importante número de pedidos de juicio tras el corralito financiero.
Los testigos que prestaron testimonio en la audiencia del martes fueron empleados de Terán, quien estaba al frente del Juzgado N° 2 hasta 2006, cuando fue destituido. En relación con las causas "Borquez" y "Camandona", que son objeto de juicio, ya que son causas con títulos de la deuda pública, los testigos no recordaron detalles. Alegaron el paso del tiempo y el "aluvión" de los juicios iniciados, según consignó el diario tucumano La Gaceta.
Una testigo hizo mención al desborde en el juzgado, lo que facilitó que no hubiera una fiscalización estricta.
No obstante, según la testigo Alejandra Moray, quien era relatora y atendía las causas con títulos públicos, explicó que el propio Terán se ocupaba de esos juicios en forma directa.
Una auditoría de la Procuración del Tesoro de la Nación desnudó las irregularidades en el trámite de las cautelares que obstaculizaron los cobros de los títulos en dólares de Borquez y Camandona.
Pese a que el Juzgado Federal N°2 estaba colapsado, Terán dictó la cautelar favorable a Borquez menos de un mes después del inicio del proceso. En el caso de Camandona, aquel trámite insumió dos semanas. En el primer supuesto, había en juego U$S 5,2 millones mientras que en el segundo, U$S 139.000, explica La Gaceta.
Osvaldo César Guglielmino, ex procurador del tesoro argentino, declaró mediante video conferencia y con ironía aseveró que "en Tucumán, la gente humilde y enferma adquiría bonos en default, y, a los pocos días, promovía un juicio", desnudando de esta manera el mecanismo institucional que frustró el pago de los bonos. Como consecuencia de esto, se produjo la destitución de Terán.
La acusación realizada por el fiscal federal N° 1, Carlos Brito, incluye, en una de las causas, la pretensión -frustrada- de cobrar el valor nominal de títulos públicos en default (sujetos a la "pesificación” forzosa que dispuso el Gobierno durante la crisis de 2001 para salir del régimen de convertibilidad) mediante el otorgamiento de medidas cautelares.
Pero según el Ministerio Público, los bonos presentados habían sido adquiridos a precio vil después de la cesación de pagos.
En este caso, un grupo de tucumanos habría invertido $4,3 millones en títulos entre 2004 y 2005, y obtenido -en cuestión de semanas- U$S 5,2 millones o $15 millones (según la cotización de entonces).
