A casi 5 meses de que la Justicia de Catamarca habría comenzado a investigar el robo de una docena de máquinas agrícolas en las localidades de Santa Rosa y Paclín, Analía Ibáñez, una de las productoras damnificadas pide que la causa se reactive y que se impute a los tres policías que habrían intervenido en los hechos. La mujer confió, además, una serie de dudas sobre el caso en el que la banda de delincuentes habría "ganado” varios millones de pesos con la reventa de la maquinaria robada.
En diálogo con EL ANCASTI, la mujer se lamentó por la sustracción del tractor y un cuatriciclo agrícola de la que fue víctima en diciembre del año pasado en su finca de Balcozna. Tras el robo debió dejar de producir y pese a que se comunicó con el ministro de Producción y envió una carta a la gobernadora, Lucía Corpacci, nunca tuvo respuestas.
Ibáñez explicó las peripecias que tuvo que vivir desde el robo. Su primera duda en cuanto a la investigación surgió el mismo día del ilícito, cuando desde la comisaría le dijeron que no debía denunciar porque ellos "actuarían de oficio". Desde entonces se topó con mil inconvenientes y puso dinero y su propio vehículo para intentar rastrear las máquinas que, asegura, "pasaron sin ser controladas en el puesto caminero hasta Tucumán". Según contó, la denuncia recién la radicó cuando la División de Investigaciones tomó el caso que fue derivado desde Tucumán, en donde otro productor damnificado radicó una denuncia contra tres efectivos de policía que trabajan en Catamarca.
Desde entonces, hubo allanamientos y secuestros y se supo que estos policías, de apellidos Zurita, Jerez y Saavedra, estuvieron en contacto no solo con las máquinas robadas en el Este, sino también con una camioneta que tenía pedido de secuestro desde Córdoba.
"Fui a fiscalía dos veces y les dije que imputen a estos policías, pero me dijeron que no podían porque nadie los había visto robando y no los podían imputar por robo", dijo la mujer en tono irónico ya que entendía que un funcionario público no puede andar con cosas robadas en su casa sin que nadie les diga nada. "También decían que esto le corresponde a Tucumán. Pero no hay que entender de leyes para saber que los robos fueron acá, más allá de que las máquinas las vendieran allá", manifestó la mujer y agregó que estas respuestas, sumado a que le "aconsejaron" que no se constituya en querellante porque le iba a "salir muy caro", solo le hacían pensar en un "encubrimiento de la Justicia o falta de interés" en resolver el caso que afectó a una decena de productores.
La banda habría movilizado millones de pesos teniendo en cuenta que las máquinas costaban alrededor de $200 mil cada una.
