Elevan a juicio la causa por las compras directas en Acción Social
La Fiscalía de la Unidad de Delitos Criminales elevó a juicio la causa de las compras directas en Acción Social, que tiene como imputados al ex subsecretario de Acción Social, Víctor Hugo Brandán, y al ex ministro de Salud Pablo Doro, entre otros.
Los fiscales Ezequiel Walter, Roberto Mazzuco y Víctor Figueroa notificaron a las partes sobre el auto de elevación a juicio oral y público de la mencionada causa, por lo que Doro deberá responder sobre siete hechos de administración fraudulenta e infiel contra la administración pública, mientras que Brandán deberá responder sobre doce hechos de la misma calificación.
Los demás funcionarios, de apellidos Miñaura, Zurita y Martínez, del área contable del Ministerio de Salud y Acción Social durante la gestión del gobernador Oscar Castillo, deberán responder por doce, siete y un hecho, respectivamente.
Las millonarias compras por parte del Estado provincial comenzaron en forma desmedida con el aval que otorgó el decreto acuerdo N° 1544, firmado en diciembre de 2000 por el ex gobernador Oscar Castillo. El instrumento legal, que elevó el monto de las compras directas hasta 350 mil pesos por operación, fue creado según sus fundamentos para paliar la crisis alimentaria que sacudía a la provincia en ese momento. Sin embargo, lo que se admitía como excepción se transformó en regla: bajo el paraguas legal del decreto se realizaron en poco tiempo compras varias veces millonarias de exactamente los mismos productos, desdobladas en varios expedientes que se tramitaban paralelamente en los despachos oficiales.
En 2003, cuando el gremialista Víctor Brandán se desempeñó durante nueve meses como subsecretario de Acción Social, se hicieron compras directas por unos 27 millones de pesos, con especial intensidad en tiempos previos a las elecciones (ese año hubo tres campañas proselitistas) y en los últimos días de la gestión del ex funcionario, antes de que asumiera como diputado provincial. Al Tribunal de Cuentas le resultó imposible determinar si los elementos adquiridos habían llegado en efecto a manos de los beneficiarios. Y se determinó que un 70% de las compras directas se cerraron con un grupo de diez firmas, la mayoría de las cuales había iniciado sus actividades poco antes de comenzar a proveer al Estado.
Las publicaciones periodísticas realizadas por El Ancasti, que puso al desnudo las operaciones comerciales que favorecieron a un selecto grupo de proveedores, dieron lugar a la iniciación de un sumario en la AFIP Catamarca. Éste fue girado a la AFIP Regional con sede en Tucumán, donde se abrió una investigación por la posible evasión impositiva.
La investigación de la oficina Penal Tributaria de la AFIP Tucumán habría consistido en desandar la ruta de los elementos que se comercializaban al Estado, las facturas que se emitían por éstos y, finalmente, las firmas a las que los proveedores adquirían la mercadería, algunas de ellas inexistentes.
