Recientemente el Ejecutivo acordó pagar la deuda a un grupo de magistrados y funcionarios judiciales, quienes accedieron a realizar una quita importante en su demanda. La deuda comenzó a acumularse hace 18 años.
El Estado provincial reconoció una deuda salarial a un grupo de magistrados y funcionarios judiciales y firmó recientemente un acuerdo extrajudicial para saldarla, previa quita de importantes intereses por parte de los demandantes. El reclamo, que es llevado adelante por aproximadamente por poco más de 60 autoridades del Poder Judicial, es por la falta de pago de un porcentaje del adicional por título que establece la Ley 4.076, de 1984, que fue arbitrariamente reducido mediante decreto en enero de 1990.
La demanda es similar a la que sostuvo y ganó un grupo de 47 magistrados y funcionarios judiciales a pocos meses de asumir su primera gestión el gobernador Eduardo Brizuela del Moral.
El acuerdo firmado por el Ejecutivo provincial en esta oportunidad significaría un gasto por parte del erario de aproximadamente 3 millones de pesos, una suma bastante inferior si la demanda judicial continuaba adelante, por un monto que rondaba los 8 millones de pesos, según trascendió de fuentes vinculadas con las partes en conflicto.
La Ley 4.076 fijaba un adicional por título para jueces y funcionarios judiciales, imposibilitados de ejercer la profesión, del 25% sobre una parte de su salario. Sin embargo, en enero de 1990 el porcentaje fue reducido por un decreto a un 12,5%, y en 1993, mediante otro decreto, fue eliminado totalmente.
Luego de la firma de los polémicos decretos, varios de los magistrados y funcionarios perjudicados iniciaron una demanda judicial para exigir que se abone nuevamente el adicional y que se paguen aquellos meses en que ese ítem no había sido percibido. El fundamento del reclamo se basaba en que no podía dejarse sin efecto lo establecido por una ley mediante un simple decreto. Embate
La deuda con la mayoría de los funcionarios que encabezan el reclamo lleva ya 18 años y hace 6 que el Ejecutivo provincial reconoció y abonó lo adeudado a un grupo de 47 magistrados.
El reclamo que ahora lleva adelante el segundo grupo de magistrados y funcionarios se inició incluso antes de que a los primeros demandantes se les reconociera la deuda.
En una de las demandas se recuerda que el artículo 5° de la ley 4.076 estableció el adicional por título en un porcentaje del 25% con relación con el rubro de Asignación de la Categoría, en los casos de títulos que demanden cinco años de estudio o más, como el de Abogado. La base para el cálculo de este adicional está constituido por la Asignación de la Categoría, rubro que se encuentra integrado por el sueldo básico más el Adicional General de Compensación jerárquica.
Dicha demanda, presentada por el abogado Patricio Rivarola, plantea también la inconstitucionalidad de los decretos que terminaron por eliminar durante años el adicional por título, al sostener que dichos decretos violan en forma incuestionable la ley provincial 4.076/84. El letrado argumentó que a una norma jurídica de jerarquía inferior -el decreto- se la hace prevalecer sobre la superior, la ley 4.076, vulnerándose la defensa en juicio, el principio de supremacía, derechos adquiridos y el derecho a la intangibilidad de la remuneración de los jueces, consagrados en los artículos 18°, 31°, 14°, 17°, y 110° de la Constitución Nacional. En la nueva demanda, Rivarola ofreció como prueba justamente los expedientes judiciales que derivaron en un arreglo transaccional con el Estado provincial por parte de 47 magistrados y funcionarios judiciales. Dicho acuerdo fue en su momento homologado judicialmente por la Corte de Justicia y ratificado en todas sus partes por el Ejecutivo provincial cuando ya estaba en manos de Brizuela del Moral.
