En junio pasado la Cámara de Apelaciones, al resolver un recurso de la fiscal Patricia Olmi, anuló el auto interlocutorio del juez Palacios y lo apartó de la causa. Los imputados en la causa son diez en total.
La causa judicial iniciada para investigar el millonario fraude cometido en el área de Desarrollo Social se encuentra en manos del juez de garantías César Marcelo Soria, quien analiza la situación procesal de cada uno de los imputados. El expediente volvió de la Cámara de Apelaciones en lo Penal luego de que ese tribunal anulara el auto interlocutorio N° 163/08 y apartó al juez Jorge Rolando Palacios del caso, en una resolución en la que se hizo lugar al recurso presentado por la titular de la investigación preliminar, la fiscal de instrucción Patricia Olmi.
Fuentes judiciales indicaron a este diario que por estos días el juez Soria está avocado a estudiar la resolución del tribunal superior, que por el voto mayoritario de los jueces Juan Carlos Reynaga y Raúl Da Prá consideró que el fallo del juez Palacios violentó el principio de congruencia que debe regir su decisión. Así como está suficientemente sentado que no se puede condenar por un hecho distinto al debatido, tampoco se puede formular una base acusatoria para el juicio que contenga una calificación legal de los hechos distinta a la propuesta del Ministerio Público Fiscal, señalaron en su momento los camaristas, tal como lo informó en su momento este diario.
La causa por el llamado megrafraude en Desarrollo Social comenzó a investigarse cuando a través de este diario salieron a la luz maniobras supuestamente fraudulentas que consistían en la organización de cursos de especialización y formación por parte de las fundaciones Jóvenes en Progreso e IDEIA, los que eran solventados con dineros del Estado.
La investigación preliminar llevada adelante por la fiscal determinó que la mayoría de esos cursos no se habían llevado a cabo o que, en el resto de los eventos, la matrícula de concurrentes había sido deliberadamente sobredimensionada.
Esto permitió a los organizadores de los cursos, los titulares de las fundaciones, cobrar por cada uno de los cursos un promedio de 140 mil pesos por cada uno, lo que ocasionó un daño patrimonial al erario provincial que rondaría los 4,2 millones de pesos.
El escándalo desatado entonces determinó el alejamiento del cargo del entonces subsecretario de Desarrollo Social, Pablo Córdoba Molas, y del director de Políticas Juveniles, Ariel Regina, quienes junto a los titulares de IDEIA y Jóvenes en Progreso fueron imputados por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública.
Si bien la decisión de la Cámara de Apelaciones retrotrajo el proceso al paso anterior a la elevación a juicio, el juez Soria deberá decidir ahora si confirma el envío tal como lo decidió la fiscal Olmi o modifica parcialmente la situación procesal de los 10 imputados por la funcionaria judicial.
